Tras más de un año de investigación, la fiscalía le pidió al titular del Juzgado Federal Nº4 porteño, Ariel Lijo, la elevación a juicio de la causa que tiene al primer ganador de Gran Hermano, Marcelo Corazza, y a otros cuatro hombres acusados de integrar una organización destinada a reclutar jóvenes para explotarlos sexualmente.

La solicitud fue hecha por el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Rívolo, y la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano.

Según la investigación, Rolando Angelotti era el jefe de esta organización mientras que Marcelo Corazza, Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar eran miembros.

Los cinco están acusados de los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.

Corazza en particular fue acusado por promoción de la corrupción de menores en dos oportunidades, en uno de los casos en concurso ideal con exhibiciones obscenas -agravadas por ser la victima menor de 18 años-, todos en concurso real el delito de asociación ilícita.

Los fiscales indicaron que pese al pedido de elevación a juicio, la investigación continúa su curso, ya que aún restan medidas de prueba tendientes a identificar nuevas víctimas y personas vinculadas con la organización ilícita. Además, insistieron en la importancia de la restitución económica para las víctimas de esta causa. 

Para los fiscales de la información obtenida en la instrucción del caso surge “indubitablemente” que los cinco imputados conformaron una organización criminal destinada a reclutar varones, en su mayoría menores de edad y en situación de extrema vulnerabilidad, con el fin de forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución.

"Esas conductas tuvieron su génesis en el año 1999 y continuaron ininterrumpidamente hasta la actualidad, con una fluida rotación y constante incorporación de nuevas víctimas y de algunos victimarios, pero con absoluta coincidencia en su modalidad", señaló la fiscalía.

Con respecto al relato de las víctimas, sostuvieron que “la cantidad de detalles brindados en cada entrevista y la coherencia interna en cada uno de los entrevistados al momento de relatar” permiten afirmar la credibilidad y la similitud con lo verídico.

Además, precisaron que a raíz de los efectos electrónicos secuestrados en los allanamientos a de los domicilios de los imputados, se logró constatar que los acusados almacenaban imágenes y videos de contenido sexual de las víctimas y que compartían con ellos imágenes de abuso sexual infantil. 

“En conclusión, la pluralidad de indicios concordantes da cuenta de que la presente investigación es contundente para que sea elevada a juicio. Los testimonios de las víctimas identificadas en autos y de aquellos otros testigos son concordantes entre sí, a esto se suman los peritajes psicológicos practicados, los mensajes y comunicaciones telefónicas registradas por los imputados, las extracciones forenses de los dispositivos secuestrados en oportunidad del allanamiento, evidencian de manera clara la existencia de una estructura destinada a cometer delitos contra la integridad sexual y la libertad de jóvenes varones mayores y menores de edad”, sintetizaron.