En línea con la decisión del Gobierno de retirar de la Justicia la medida cautelar que frenaba los aumentos de las empresas de medicina prepaga por encima de la inflación, la firma Medicus les comunicó a sus clientes que a partir de julio aumentará sus cuotas en un 8%. 

“El sector salud continúa padeciendo notables atrasos en las cuotas, honorarios y valores que se pagan a prestadores, sanatorios y profesionales en general, poniendo en riesgo la atención médica privada de millones de personas. Desde Medicus continuamos haciendo los mayores esfuerzos para atenuar los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de nuestros asociados en medio de la delicada situación que atraviesa el país”, señaló la prestadora a través de un comunicado enviado a sus afiliados.

En ese sentido, la empresa justificó la medida al recordar que las cuotas de sus servicios “no sufrieron actualización en mayo y junio, a pesar de haberse registrado una inflación aproximada del 15%”.

“La compensación programada en 12 meses por la diferencia generada entre la variación de nuestra cuota versus el IPC se transformará en un crédito que se hará efectivo a partir del mes de julio siendo ajustado por la tasa pasiva del BNA", tal como surge del acuerdo alcanzado en sede judicial, remarcaron desde Medicus.

En este marco, la empresa admitió que “durante los primeros meses del año el impacto inflacionario, producto del sinceramiento de la economía y de sus precios relativos, ha sido muy alto”.

“El retraso en particular del sector salud todavía no ha alcanzado a equiparar el IPC (Índice de Precios al Consumidor) si se considera un periodo mayor en el cual la economía y en particular el sector, estuvo expuesto al control de precios. El nuevo acuerdo paritario hace indispensable que los costos que surgen del mismo sean cubiertos con incrementos de valores a sanatorios y centros de diagnóstico para que estos puedan continuar prestando servicios”, reiterando que “los montos aumentados ya fueron volcados a la red de prestadores y no están hoy a disposición de las empresas de medicina prepaga”, se fundametó.

Por eso, desde la firma se afirmó que “con base en lo anteriormente expuesto, y con la intención de mantener la más alta calidad médica e innovación tecnológica, así como también continuar la mejora en los valores prestacionales para profesionales e instituciones, el costo de su plan médico de julio se ajustará un 8,075%”.

Al mismo tiempo, reveló que “este último valor será el considerado para realizar el descuento acordado”, refiriéndose a la devolución que deberá realizar del monto cobrado por encima de la variación de precios entre enero y mayo.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que depende de la Secretaría de Comercio, dispuso recientemente retirar la cautelar que pesaba sobre las prepagas para limitar las subas, tras el acuerdo alcanzado con las empresas para que devuelvan lo cobrado por encima de la inflación.

El Gobierno nacional y las empresas prepagas de servicios de salud alcanzaron en la madrugada del pasado 27 de mayo un acuerdo tras una larga audiencia convocada por el Juzgado Civil y Comercial Número 3, a cargo del magistrado Juan Rafael Stinco.

Las firmas se comprometieron a devolver todo lo cobrado de más en 12 cuotas que serán actualizadas por la tasa pasiva de plazo fijo que aplica el Banco Nación.

Asimismo, las partes estipularon que las cuotas que pagarán los usuarios se actualizarán mes a mes por el mismo coeficiente, aunque desde julio se ajustarán libremente de acuerdo al esquema de costos.

Los datos quedaron confirmados en un acta que fue firmada por funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud; de la Secretaría de Comercio e Industria, dependiente del Ministerio de Economía y 41 representantes de las empresas prepagas ante el juzgado.

Los aumentos de las prepagas habían sido autorizados por la desregulación que habilitó el DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei el pasado 20 de diciembre.

En base a esa normativa, las prepagas aplicaron aumentos de hasta un 200 por ciento y el 17 de abril, el Gobierno presentó una demanda por cartelización en la Justicia y abrió un expediente en la Secretaría de Comercio. Con el último acuerdo alcanzado con el Gobierno, las empresas están ahora nuevamente en condiciones de aumentar los valores de sus cuotas.