El Estado Argentino, según el artículo 4 de la Constitución Nacional reformada en el año 1994, cuenta con un abanico de recursos para poder hacer frente a las necesidades de orden colectivo que tiene a su cargo y que los administrados no podrían satisfacer de manera aislada. Dentro de estos, se encuentran los famosos recursos tributarios, los cuales son los que mayor cuantía representan en comparación con el resto de los ingresos mencionados en dicho plexo normativo.

Pero, ¿realmente alcanzan estos recursos cuando las necesidades crecen de manera exponencial?¿Estos recursos son utilizados con eficiencia, eficacia y efectividad?¿Estamos dispuestos a contribuir con nuevos tributos en caso de que sea necesario?

Existe la idea de cuestionarse si los niveles de presión tributaria se reflejan en recaudaciones imponentes, que permiten tener un servicio público de transporte seguro para los pasajeros, hospitales dotados del instrumental adecuado para que los profesionales puedan ejercer sus funciones, y escuelas con instalaciones dignas en donde los alumnos puedan potenciar todas sus capacidades.

En este sentido, según lo informado por AFIP, durante el mes de abril 2022 se recaudó 1.450.063 millones de pesos argentinos. En comparación con el mismo mes del año 2021, estos niveles aumentaron un 64,1% en términos nominales. Pero si vemos esta relación en términos reales, supone una suba cercana al 6%. Este crecimiento fue impulsado, principalmente, por el incremento en los tributos asociados a la seguridad social, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias.

Aquí es donde cabe preguntarse si todos aquellos que están llamados a contribuir lo hacen de acuerdo con las normas tributarias vigentes.

Recientemente, y a modo de ejemplo, la Administración Federal de Ingresos Públicos detectó un 40% de irregularidad laboral, en talleres textiles de la ciudad de Pergamino, como consecuencia de los procedimientos de fiscalización llevados adelante por parte de la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social. Esto se suma a irregularidades constatadas en lavaderos de autos ubicados en la zona norte y oeste metropolitana, o en talleres de confección y locales de venta de indumentaria del barrio de Flores.

Estos ejemplos se dan en el plano de la Seguridad Social, pero es un reflejo de lo que sucede en toda la economía del país y en los tres niveles de gobierno: las cosas no siempre se hacen como los marcos regulatorios lo demandan. Ahí es donde revisten real importancia las facultades que posee el Fisco para asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y demás responsables, y, en el supuesto de encontrar apartamientos de lo reglado, imponer las sanciones correspondientes.

Muchos tributaristas, con una mirada a favor del Fisco, abogan por la afamada “sensación de riesgo” que debe percibir el contribuyente acerca de la probabilidad de que se detecten situaciones irregulares y se impongan las sanciones correspondientes. Estos especialistas, consideran que dicha sensación tiene un impacto directo en los niveles de recaudación del sistema tributario, recursos indispensables para el sostenimiento del Estado.

Desde otra óptica, con una mirada a favor del contribuyente, podría pensarse en la necesidad de reconfigurar el régimen tributario, y ajustar el gasto público llevándolo a cumplimentar el principio de economicidad, pero los distintos ejercicios presupuestarios nos dejan ver que existen gastos rígidos como las jubilaciones y pensiones, los intereses de la deuda, o las asignaciones familiares, que son difíciles de disminuir. Lo cierto es que la balanza se inclina más para el lado de los expendios, y ese es un factor que tiene relevancia.

La solución a este interrogante no es tan sencilla como parece, y requiere de una multiplicidad de discusiones en donde los distintos actores sociales intervengan para confluir en un resultado en común, y mejorar la calidad de vida de los habitantes del suelo argentino. Tal vez el foco deba ponerse en reducir los gastos de rigidez media o baja como ciertos subsidios, o las políticas públicas que se superponen entre sí.