Sergio Massa activó un paquete amplio de medidas para llegar con transferencias directas e indirectas a una porción importante de la población. La ocasión no se puede desvincular del ciclo electoral, ni tampoco de la necesidad de compensar el impacto de la suba del tipo de cambio oficial. Las rebajas impositivas que conforman el programa contracíclico se dan en un contexto de debilidad política extrema. 

Su tránsito por el Congreso no será fácil. Hoy el escenario más probable es que estos cambios rijan con vigencia transitoria hasta final de año. La quita de ganancias va a abarcar a la mayoría de empleados en relación de dependencia. Con el nuevo mínimo no imponible de $2 millones los retenidos serán menos del 0,85% del total. 

La mejora de bolsillo para los salarios más altos escalará hasta $300 mil, con mayor incidencia sobre la cúspide de la pirámide. Es así que los trabajadores con convenios más encumbrados tendrán una recuperación automática de hasta 21% real. De hecho, hay riesgo que parte de estos excedentes se dolaricen, aumentando la olla a presión para las reservas del BCRA. 

Cabe destacar que la medida tiene un efecto económico regresivo, minimizando la recaudación de un gravamen muy deseable en toda estructura tributaria. Argentina tiene una presión acotada en los impuestos a los ingresos, que predominan en los países más desarrollados. En contraste, hay una atrofia de impuestos distorsivos al consumo, ventas y comercio exterior. Dicho esto, no es menos cierto que la quita de impuestos beneficiará al mundo del trabajo, que sufre una década de deterioro (casi) incesante del poder de compra.

Menos polémico parece el programa “Compre sin IVA”. Esta iniciativa verifica un efecto progresivo en su incidencia económica y evita dificultades de implementación para la identificación de beneficiarios o efectivización de los pagos. Estimamos un incremento del gasto de poco más de 0,6% del PBI por esta medida, asumiendo el escenario más oneroso en que se alcance de forma plena el universo potencial de 21,7 millones de personas. Para un salario medio la devolución implicará una mejora del orden del 7,2%.

La decisión sobre el IVA tiene una ventaja adicional: la formalización de muchas operaciones comerciales. Por el lado de la demanda, probablemente genere una sustitución en el uso de efectivo en favor de pagos con tarjetas de débito. Por el lado de la oferta, surgirán incentivos a promocionar el uso del posnet, para poder capturar a los compradores ávidos de aprovechar el reintegro Los anuncios de esta semana se suman al bloque de inicios de septiembre, donde se destacaba el bono desdoblado de dos cuotas de $30 mil para asalariados en relación de dependencia. 

En adición, el Gobierno dispuso ampliar el stock de créditos a tasa subsidiada y plazos flexibles para trabajadores. El saldo de estas medidas será mucho más acotado. Es un hecho que muchas empresas no respetarán el decreto, a pesar que en las PyMEs hay 50% de bonificación vía reducción de cargas sociales. Aún así, todo esto contribuye a generar un alivio para los trabajadores alcanzados. Después de tantos años de bolsillos exhaustos, podría contribuir a poner un piso al consumo interno, que viene registrando un franco retroceso en los últimos meses por la inflación.

Incidencia y riesgos

El panorama para la producción y su relación con este paquete fiscal es más incierto. Muchas empresas pueden afrontar mayores niveles de demanda, pero sin contar con disponibilidad plena de dólares para adaptar los niveles de oferta y abastecer el mercado. Como sea, el programa expansivo pesa poco menos de 1,5% del PBI y nadie puede pensar que se trata de un New Deal vernáculo del siglo XXI. Es un esfuerzo importante dada la restricción presupuestaria, pero nada que vaya a modificar el funcionamiento estructural de la economía. 

Quienes mantienen posiciones críticas objetaron el efecto monetario de las decisiones oficiales y sus posibles consecuencias sobre el proceso inflacionario. Señalaron riesgos inminentes de una híper, dado el desacople de expectativas y un eventual desplome de la demanda de dinero. Ningún grupo político parece poder tirar la primera en materia impositiva. Los economistas de los frentes opositores pidieron en reiteradas oportunidades que se reduzca la presión tributaria. 

Tanto es así que en JxC proponían la eliminación plena de ganancias cuarta categoría y en 2019 redujeron parcialmente el IVA para los alimentos. Las críticas actuales son más posicionales que basadas en una cosmovisión ideológica bien definida. En cualquier caso, no está claro cuál puede ser el éxito del trámite parlamentario para la reforma de ganancias y el esquema de devolución del IVA. Si Massa no logra sumar apoyos provinciales, las medidas solo tendrán vigencia hasta diciembre. Por tanto, el Ministro deberá convencer a los gobernadores para que sacrifiquen recursos en pleno proceso electoral.

De cara a los próximos meses se abren senderos muy distintos en función de los resultados de octubre. Un escenario de balotaje con el oficialismo en segunda vuelta exigiría sostener la estabilidad pírrica en las variables nominales. En ese caso, lo más probable es que el tipo de cambio oficial se mantenga en $350, se refuercen los acuerdos y controles de precios, y se consolide la represión financiera para reducir el gasto de reservas ante la inminente dolarización de carteras. 

Contrariamente, una victoria de los libertarios en primera vuelta o una segunda vuelta con el peronismo fuera del balotaje, podrían gatillar un nuevo contexto de tensión financiera, con desalineamiento de incentivos para mantener el “Plan Aguantar”. Este análisis se da en un trasfondo de súper inflación, con un nuevo cambio de régimen por el último salto discreto en la velocidad a la que corren los precios. La política de ingresos viene a equiparar parcialmente la licuación nominal, que tuvo su punto máximo en el momento de la devaluación. Con un IPC mensual a tasas de dos dígitos, toda compensación tiene gusto a poco. Massa parece decidido a mostrar logros económicos como un anticipo de lo que sería su gestión como Presidente. Las restricciones macro y presupuestarias pasan a segundo plano en este momento. 

El programa expansivo desvía en casi un punto del PBI el sendero hacia el cumplimiento de las metas con el FMI, pero su evaluación no tendrá lugar hasta después del balotaje. La gran pregunta a partir de ahora es si el electorado valorará el esfuerzo fiscal para compensar el daño previo o se dejará llevar por la bronca del desastre inflacionario. Todavía la moneda está en el aire.