Quizás el dato a destacar de la semana sea el de la inflación de diciembre en 5,1% mensual. Si bien continúa siendo elevado, haber escapado de una nominalidad de entre 6 y un 7% mensual genera cierto ánimo de optimismo. Incluso más, el hecho de que diciembre (mes estacionalmente alto) haya sido similar al de noviembre probablemente sea lo más laudable.

No obstante, cabe hacer cierta aclaración sobre el dato. Alimentos ha marcado una aceleración respecto a noviembre (4,7% vs. 3,5%) debido a que la carne aumentó un 3% mensual en lugar de 1% como venía sucediendo. Pero en caso de que hubiera replicado el ritmo del resto de los alimentos de la canasta (6% promedio), la inflación del rubro hubiera sido 5,7% (95% anualizado). Esto cristaliza la fragilidad con la que cuenta el actual intento de desinflación encomendado por el ministro. En la medida que la oferta de cabezas de ganado ceda para re-abocarse al pastoreo, podremos esperar un repunte mayor del precio de la carne, amenazando con volver a poner a la inflación en alimentos en el 6% mensual. Todo esto sin considerar los ajustes de precios regulados ya comprometidos, por ejemplo.

Asimismo, ya cerrado el dato de diciembre, se constata una depreciación real del 1,5% en el tipo de cambio oficial, puesto que la devaluación del mayorista superó a la inflación por segundo mes consecutivo; algo que no se veía desde el segundo trimestre de 2020. De este modo, se deja entrever levemente la voluntad de la actual gestión económica de paulatinamente revertir los casi 10 puntos de atraso cambiario que se acumularon durante 2022, que rompen el compromiso acordado con el FMI de sostener el tipo de cambio real multilateral en los niveles de diciembre 2021.

Por otro lado, esta semana trascendió un proyecto de ley que busca modificar la naturaleza jurídica del INDEC, cuyo autor es el mismo ministro de economía. La propuesta busca convertirlo en un ente autárquico, de forma de otorgarle autonomía funcional, jurídica y económica. El objetivo se encuentra puesto en que sus autoridades se sometan a votación del Congreso de la Nación tanto para el nombramiento como para la destitución, y ya no dependa enteramente del criterio del Poder Ejecutivo. De este modo, la medida buscaría blindar al organismo, otorgándole un mayor grado de independencia.

La semana pasada comentábamos que uno de los principales problemas que transita la macro argentina es la falta de confianza y debilidad de sus instituciones, que vuelve a acentuarse con la amenaza de avanzar sobre el juicio político a los miembros de la CSJN por la resolución sobre la coparticipación de la CABA, entre otros motivos. Al menos por el momento sólo uno de los tres protagonistas del Gobierno, el ministro de Economía, parece enfocado en atacar este problema: corrido de la discusión sobre el juicio político, sostiene con templanza el programa con el FMI y hasta busca ganar institucionalidad con una “reforma” sobre el instituto de estadísticas. Lo cierto es que la vara es muy baja, pero no por eso hay que despreciar el intento. Sobre todo, cuando la necesidad de consensos dentro del arco político luce como la única salida para llevar a cabo las reformas necesarias para nuestro país.