El FdT define estrategia para defender a Cristina: ¿denunciar la proscripción o luchar por su inocencia?

¿Está proscripta Cristina? Esa es la pregunta que muchos se formulan dentro y fuera del Frente de Todos y parte de lo que se debatió en la primera reunión de la Mesa Política oficialista convocada por Alberto Fernández que se desarrolló con una satisfactoria convocatoria el jueves pasado en el salón principal de la sede del Partido Justicialista nacional.

El debate es clave porque pone en el centro de la escena a la posible candidata que más mide dentro del espacio oficialista. Pero también a la que garantizaría una derrota “frentetodista” en las elecciones de octubre. “Si decidiera postularse a presidenta, Cristina Kirchner ganaría seguro una primaria, pero también es una realidad que seguramente perdería en la general ante cualquier candidato opositor”, le dijo a Data Clave una fuente con acceso directo al principal despacho de la Casa Rosada.

El presidente lo planteó abiertamente frente a los representantes de los principales espacios políticos del oficialismo: “me impresiona que todos hablen de la proscripción de CFK y no de su inocencia”, dijo. Y agregó: “si Casación resuelve condenarla, pero decide no contemplar la inhibición de ejercer cargos públicos que plantea el fallo de primera instancia ¿qué vamos a hacer? Yo quiero hablar de su inocencia”.  

En esa noche confesional, también fue muy claro Máximo Kirchner cuando planteó que “a nosotros ya no nos queda nada y encima nos quitaron a la candidata”, en referencia a la presunta imposibilidad que tiene su madre de presentarse en las próximas elecciones. Desde el camporismo plantearon que “si bien desde el punto de vista estrictamente legal CFK no está inhibida de postularse, la experiencia de Lula en Brasil demuestra que ni bien ella manifieste su intención de encabezar una lista, el sistema que la condenó va a acelerar los tiempos para que la condena quede firme y poder encarcelarla”, tal como lo expresó la senadora Anabel Fernández Sagasti en diálogo con el programa “Argenzuela”.

Como en cada discusión que mixtura lo jurídico con lo político, la biblioteca está dividida. También están los que plantean que los tiempos “no le alcanzan al poder judicial para lograr una condena firme antes de que Cristina acceda a una candidatura”, cualesquiera sea esta postulación. La aclaración no es en vano. Hay quienes no descartan que, tal vez, la presencia de la actual vicepresidenta en una boleta “no necesariamente tenga que ser encabezando una fórmula presidencial, sino tal vez como primera senadora por el distrito bonaerense”.

Sea como fuere, este domingo apareció una profusa campaña suscripta por La Cámpora en vía pública y en redes sociales saludando a Cristina en su cumpleaños y planteando la rotunda oposición a la proscripción de “la Jefa”, cuya figura se enarbola como estandarte para la elección de 2023. Todo muy a pesar de que los propios saben íntimamente que Cristina no va a ser candidata. 

Dos décadas de vigencia

Este 25 de mayo su cumplirán 20 años de la irrupción del kirchnerismo como fuerza política nacional y es lógico que este proceso tenga un desgaste que requiera una revitalización de sus postulados para impulsar al oficialismo a una victoria. “Tenemos que encontrar algo novedoso que se instale en el escenario electoral y eso es la utilización de las Primarias para resolver las principales candidaturas”, les dijo Alberto a sus colaboradores más cercanos tras el encuentro del jueves pasado. 

En los cálculos "albertistas", en una PASO hoy Cristina se impondría con 18 puntos, Fernández tendría un 10 por ciento y Sergio Massa sacaría entre un 7 y un 8 por ciento. “Si nos apresuramos a bajar las candidaturas de los dos que más miden, seria un error que desmovilizaría a la militancia y tenemos que generar todo lo contrario”, afirmó una fuente cercana al presidente. “No debemos repetir los errores del pasado eligiendo a dedo a los candidatos, hay que dirimirlo en una interna y no tenemos que apurarnos a resolver quiénes se van a presentar, que salgan a recorrer todos y se midan”, completó.

Lo mejor que puede hacer el Frente de Todos en este contexto es fortalecer la unidad del espacio y no anteponer las ambiciones personales a los intereses del conjunto de una sociedad que reclama al gobierno soluciones a los problemas de fondo. A eso está abocado Sergio Massa que, desde la cartera económica, viene trabajando para estabilizar un barco que -cuando el líder del Frente Renovador tomó el control- amenazaba con hundirse y, siete meses después, no solo no se hundió, sino que logró estabilizarse.

A pesar de un IPC más alto de lo esperado en enero, los massistas reconocen que el principal mérito es haber logrado un escenario de previsibilidad y, aunque aspiran a bajar un par de puntos el índice inflacionario en el próximo trimestre, no se desesperan. “La estabilidad económica, trae aparejada la calma política y por eso estamos trabajando primero en lograr que la economía se estabilice, porque el resto se ordena solo”, sostuvo un colaborador cercano del titular del Palacio de Hacienda.

“Acá no hay operativos clamor que valgan, si acomodamos los números es lógico que Sergio se sienta con la libertad de participar en una primaria, nadie puede negar que es un candidato más que potable”, agregó el informante. Y finalizó: “pero eso no se define ahora, todavía tenemos tarea pendiente acá, si nos va bien, las cosas se van a dar solas”.

Tolosa Paz contra los “que quieren ocupar el lugar del Estado”

“La semana que viene volvemos a llenarle de carpas el ministerio hasta que nos saque la pata de la manguera y nos paguen los Potenciar que nos deben”, amenazó un dirigente del Polo Obrero que participó del acampe frente al edificio del ministerio que conduce Victoria Tolosa Paz, una de las funcionarias más cercanas al presidente pero con patente de “kirchnerista de la primera hora”.

Ni bien asumió como titular de la cartera social, una de las primeras iniciativas sobre las que avanzó fue en la revalidación de los Potenciar Trabajo. “Esto no es, ni más ni menos, que verificar que las personas que perciben esa asistencia por parte del Estado, efectivamente la estén recibiendo y no que ese recurso caiga en manos de quien no corresponde”, le explicó a Data Clave un funcionario cercano a la dirigente platense.

“Cuando la ministra les pidió a los referentes de los movimientos sociales que en lugar de estar en la calle, pongan esos esfuerzos en ayudar a encontrar a la gente por las cuales el Estado paga entre 32 y 64 mil pesos por mes, les abrió la puerta para que ayuden a corroborar que una beneficiaria efectivamente trabaja donde la planilla presentada por la organización dice que trabaja para dar su contraprestación de cuatro u ocho horas, según el o los planes a los que esté adherida”, añadió la fuente.

El gobierno otorgó un plazo de 60 días para este re-empadronamiento -que finalizó el 31 de enero- al cabo del cual comenzó a reducir los pagos correspondientes a todos aquellos que no se hubieran identificado, otorgando treinta días más para regularizar las situaciones pendientes. Del millón doscientos mil beneficiarios de estos planes, hubo cien mil que no fueron identificados en los 56 Puntos Digitales que existen en los Centros de Referencia distribuidas por todo el país y controladas por las organizaciones sociales y algunos municipios.

El argumento que dan desde los movimientos para justificar el incumplimiento es que muchas personas no tienen acceso a un celular para validar su identidad o no pueden acercarse hasta alguna de estas oficinas. “Hasta ahora el mecanismo consistía en que todos los meses, las UG nos decían en una planilla que -por ejemplo- a Rosa Pérez la vimos trabajar y hay que pagarle. Hace más de 80 días el Ministerio le pidió a Rosa que se conecte a la app Mi Argentina o vaya a un Centro de Referencia para hacer el trámite sencillo, pero nunca lo hizo y los dirigentes de las orgas siguen diciendo que no puede hacerlo”, afirmaron desde el ministerio.

“Si los dirigentes que certificaban todos los meses el trabajo de Rosa -a la que decían verla trabajar todos los días- no pudieron hablar con ella ni verla durante dos meses y medio, nos preguntamos con lógica adónde está esta mujer”, conjeturó el funcionario. 

Las hipótesis que se barajan a la hora del análisis oficial son tres: 

1- la beneficiaria nunca supo que alguien le robó la identidad y alguien está cobrando un plan en su nombre, sin saberlo; 

2- la beneficiaria cobra el plan pero le dio la tarjeta a otra persona que lo percibe por ella y luego le da una pequeña parte. Y ahora que los medios expusieron el tema, está enojada y no quiere continuar con la mecánica;

3- la beneficiaria no se acercó a validar porque sabe que en realidad no cumple los requisitos para cobrar un plan.

No son pocos los que sospechan que esos 3.200 millones de pesos que salen de las arcas del Estado pero no llegan a los supuestos beneficiarios, se pierden en un sinuoso camino donde las organizaciones sociales tienen la responsabilidad de controlar y no lo hacen. “La clave es la certificación, ahí es donde se produce el vacío”, afirman desde el ministerio.

Ocurre que -además de los Potenciar Trabajo- también el Estado financia el programa Nexos, que aporta recursos públicos para el desarrollo de proyectos propuestos por las organizaciones sociales (por ejemplo, pintar una escuela). Es la propia organización la responsable de determinar qué cantidad de mano de obra y de días se necesitan para llevar a cabo la labor. En el ejemplo planteado, si se presupuestan treinta trabajadores pintando durante treinta días, el programa acompaña con un aporte correspondiente a otra media jornada laboral (32 mil por mes para cada uno). “Después se les paga a diez compañeros durante quince días y terminan el proyecto, pero se quedan con el resto del recurso”, explicaron las fuentes oficiales.