Alberto Fernández entró en el tramo final de su gobierno con una situación económica y social que -seguramente- ni imaginó, ni deseó al comienzo de su gestión, pero que debido a las condiciones globales adversas por las que debió atravesar (pandemia, guerra, sequía), sumadas a algunos desaciertos propios, hoy registra niveles de pobreza difíciles de aceptar para un gobierno peronista.

La amplificación de las políticas sociales y la distribución de recursos a través de los distintos planes implementados desde la administración nacional, no alcanzan a contener el descontento que se traduce en la multiplicación de protestas, piquetes, acampes y cortes de ruta a lo largo y a lo ancho de todo el país, con un epicentro claro que es la ciudad de Buenos Aires y los grandes conglomerados urbanos de la periferia porteña.

En un escenario complejo para el Frente de Todos, que aún no definió sus principales candidaturas de cara a las elecciones de octubre, la oposición mayoritaria representada por Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, ya esboza a boca de jarro las propuestas económicas que ejecutarán si son electos para conducir el gobierno a partir de diciembre de 2023. Y esas fórmulas, ya conocidas por la sociedad argentina, profundizan la senda del ajuste y los recortes, lo cual generará una reacción social que, evalúan, será mucho más contundente que la actual.

Tanto Patricia Bullrich o Javier Milei desde el llano -ya que ninguno ostenta responsabilidades ejecutivas aún- como Horacio Rodríguez Larreta -en su doble rol de jefe de Gobierno de CABA y precandidato presidencial- prevén que sus programas económicos traigan aparejados un incremento sostenido de las movilizaciones populares para llevar adelante una resistencia al ajuste. Y para ello, sus equipos técnicos elaboran planes de contención. ¿Cuáles son esas iniciativas y quiénes se encuentran detrás de su elaboración?

Larreta va por la criminalización de los organizadores

Tras el escándalo desatado por los chats de Lago Escondido que le costó el cargo a Marcelo Dalessandro, el alcalde porteño recurrió a un viejo conocido para reemplazarlo: Eugenio Burzaco, quien ya tuvo funciones de responsabilidad relacionadas con la seguridad tanto en los gobiernos de la ciudad como en la Nación, siempre de la mano de Mauricio Macri. Desde su entorno, admitieron a Data Clave que “no se esperaban esta convocatoria de urgencia” ya que se encontraban “trabajando en un plan nacional” para desplegar en una eventual gestión nacional de Rodríguez Larreta.

A poco de asumir, Burzaco blanqueó en declaraciones al periodismo que trabaja en una ley para regular las protestas en la ciudad de Buenos Aires con “multas económicas grandes” y “penas de prisión para los organizadores” como método para hacer frente a la creciente cantidad de manifestaciones, especialmente sobre la Avenida 9 de Julio. Además reconoció que “el ciudadano tiene razón en estar harto con los piquetes” y sostuvo que se debe avanzar hacia “decisiones racionales que cambien” el escenario actual, pero con medidas que, a su vez, sean “sostenibles” en el tiempo.

El ministro de Seguridad sostuvo que varios países del mundo y “ciudades serias” han “regulado” el derecho a la protesta. En Argentina, citó el caso de la ciudad de Mendoza. “Una ley mejoraría claramente la situación porque podría haber penas de prisión para los organizadores, y multas económicas grandes”, expresó. Y agregó: “en Mendoza cayó notablemente el nivel de piquetes y cortes porque se pusieron leyes más claras y concretas”.

Fuentes que trabajan en la redacción del proyecto, explicaron a este portal que el objetivo no es coartar el legítimo derecho a reclamar, sino que apuntan a perseguir a quienes administran el “negocio del piquete”, es decir aquellos que se encargan de “la intermediación de los planes sociales". Para los voceros consultados, esto hace que "quienes coordinan, obligan a otras personas a manifestarse”.

Data Clave accedió, en exclusiva, al borrador de la iniciativa, que puede sintetizarse en estos cinco puntos:

1- Crea una regulación específica donde el derecho a protestar no prevalezca sobre el resto de los derechos (circular, trabajar, etc). Se deberá pedir permiso y cumplir con la regulación para protestar y manifestarse.

2- Aquellos organizadores de protestas que ejerzan coerción y violencia sobre las personas, que vulneren derechos esenciales sobre la niñez, que utilicen el dinero del Estado para extorsionar a personas en situación de vulnerabilidad, serán sancionados económica y punitivamente con penas que incluirán la prisión efectiva. El Estado seguirá asistiendo a los necesitados, pero actuará contra los organizadores.

3- Se avanzará en la creación de la figura penal correspondiente para que la justicia actúe aplicando la ley vigente. 

4- La ley nacional sera de aplicación efectiva en todo el teritorio, no habiendo diferencias entre jurisdicción nacional, provincial o municipal. Y le dará a los jueces y fiscales una herramienta práctica y efectiva.

5- Se garantizará el equilibrio de derechos confluyentes, a la protesta, a la manifestación, a la circulación, al trabajo y a la seguridad publica, impidiendo que, mediante el ejercicio de la violencia o coerción, un derecho prevalezca sobre los demás.

Guerra contra los piquetes

Por su parte, Bullrich está convencida desde hace muchos años que la salida de este laberinto que genera la conflictividad social es represiva. A fines del año pasado, ya jugada en su rol de presidenciable, efectuó declaraciones que generaron mucha polémica, al referirse al rol de las fuerzas de armadas en la seguridad interior: “si perdés frente a un grupo violento, con una ley clara y muy concreta, se puede utilizar a las Fuerzas Armadas para que en ese territorio rija la ley y la Constitución”, sostuvo.

A pesar de que no se conocen aún su propuestas específicas para la problemática específica, basta con repasar su accionar en tiempos en lo que le tocó ocupar la cartera de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos. En el año 2016, la actual precandidata presidencial de Juntos por el Cambio impulsó el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, más conocido por su nombre de “guerra”: el protocolo antipiquetes. Sin embargo nunca se llegó a implementar y quedó como una de las tantas iniciativas fallidas de la gestión macrista.

En los considerandos de la norma, se justificó su necesidad al argumentar que "el Estado debe brindar la certeza de que todos los miembros de la sociedad pueden gozar de los mismos derechos, por ello, la libertad de un individuo o grupo termina donde comienza la del otro" y, por lo tanto se entiende que es obligación del Gobierno que los que no se quieran manifestar "no vean afectados sus derechos a circular libremente, a trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y demás derechos también amparados constitucionalmente".

Se estableció que en el caso de tratarse de una manifestación programada el Ministerio de Seguridad de la Nación, o las autoridades competentes de los Gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "tomará contacto con los líderes de la manifestación, a fin de que se encauce la misma en el marco del presente Protocolo y las leyes vigentes. Se coordinaran las mismas de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia".

Según aquel protocolo, que nunca llegó a implementarse, las fuerzas de seguridad deben actuar del siguiente modo en caso de una manifestación pública:

- Comunicarán tal situación en forma inmediata a las autoridades. Se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la justicia.

- Resuelto positiva o negativamente la negociación, el Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada sin impedir la libre circulación.

- Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de  procedimiento  Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación.

- Si entre los manifestantes se encontraren personas y/o grupos de personas que inciten a la violencia y/o porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo que pudiere dañar la integridad de las personas, los bienes que se encontraren en el lugar de la protesta y el medioambiente, se procederá a aislar e identificar a dichas personas, tomar las medidas necesarias para prevenir la posible comisión de delitos y proceder al secuestro de los elementos contundentes.

- Si se provocaren daños con motivo u ocasión de la manifestación se procederá a detener a los autores del hecho en virtud de la infracción al artículo 183 del Código Penal, o el que en definitiva resulte de la investigación a llevarse a cabo, dándose inmediata intervención al Juez o Fiscal competente. Sin perjuicio de ello se promoverá la acción civil contra el causante del daño, la entidad con personería jurídica o gremial a la que pertenezca, contra sus representantes legales o administradores de hecho y/o contra quien corresponda, con el objetivo de que se repongan los bienes dañados.

- El uso de la fuerza será ejercida para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa. No estará permitida la utilización de armas no letales. 

Los libertarios proponen un “piquetódromo”

Ante el selecto grupo de empresarios que escucharon las propuestas de los candidatos presidenciales de la oposición en el lujoso hotel Llao Llao, Javier Milei bocetó los lineamientos generales de su plan económico que contempla desde cerrar el Banco Central a privatizar YPF, pasando por un fuerte ajuste “de primera generación”. 

Para el economista ultraliberal ese recorte alcanzaría a 13 puntos del PBI a partir de ajustar en tres sectores principales: la obra pública, que solo sería impulsada por iniciativa privada –similar al modelo en Chile, ejemplificó–; las transferencias de la Nación a las provincias y los subsidios económicos.

Cuando se lo consultó sobre el efecto que tendría en la calle, multiplicando las protestas de los sindicatos y las organizaciones sociales: “Si me querés tirar gente a la calle, sabes que hay ley. En mi caso cambia la doctrina sobre la seguridad. El que la hace, la paga. Los buenos van a ser los de gorra y los que usan trapo, palo y capucha, los malos. Se acabó la joda”.

Como tampoco los libertarios exhiben demasiadas propuestas de sus equipos técnicos, hay que mirar lo que propusieron sus exponentes con cargos legislativos. A principios del año pasado, el legislador porteño Ramiro Marra presentó un proyecto de ley con el objetivo de prohibir la realización de piquetes en la vía pública en la Capital, que interrumpen el funcionamiento normal de los servicios públicos y la circulación durante los días de semana.

“No puede ser que cada día que quiero ir a trabajar tenga que enfrentarme a un corte de calle. La política no se hace cargo de los piquetes, así que, como respuesta, el concepto de piquete no tiene que existir más”, señaló Marra. Y manifestó que “todo el mundo tiene derecho a protestar, pero también todo el mundo tiene derecho de ir a trabajar tranquilo” recordando que “hay gente que sufre mucho los piquetes”.

El proyecto, además, le exige al gobierno porteño que designe un espacio particular en donde los manifestantes se puedan expresar sin perjudicar a terceros. Al respecto, Marra dijo que “el autódromo es un buen ejemplo de un espacio así: no tiene uso en la actualidad y una manifestación ahí no restringe el derecho de los demás a circular”.

Desde el partido de Milei sostienen que “por más que el reclamo sea legítimo, no deben realizarse piquetes que terminan por violar otras normas y afectar a toda la comunidad”. En este sentido, dicen que “ninguna demanda es argumento suficiente para permitir a grupos de personas realizar cortes de calles y/o rutas, al igual que actos de violencia”.