La Comisión Bicameral de Inteligencia se reunió esta tarde de manera reservada con todas las miradas puestas en el diputado del PRO, Gerardo Milman. Más allá de ratificar un dictamen surgido de una subcomisión dedicada a investigar el accionar de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, el oficialismo prestó particular atención en la ausencia del legislador de Juntos por el Cambio.

El Frente de Todos tiene bajo la lupa al actual vicepresidente de la bancada del PRO por la causa del atentado contra CFK, donde la Cámara al ratificar a la jueza Maria Eugenia Capuchetti, pidió que se profundizará la “pista Milman” por las revelaciones de un testigo y asesor del diputado oficialista Marcos Cleri que lo vinculó en la investigación.

La lupa de los diputados del bloque oficialista sobre el macrista se intensificó cuando tomó conocimiento de una resolución judicial que pide a la Cámara baja evaluar posibles sanciones contra Milman por su desempeño en un control vial a una de sus asesores. Luz Lanusse Peralta Ramos conducía con un registro falsificado un auto que tenía cédula azul a nombre del diputado del PRO y que era propiedad de una empresa contratista del estado en período de gobierno de Cambiemos. Dicho expediente, según fuentes parlamentarias del Frente de Todos, debe comenzar a discutirse en las comisiones.

Milman se ausentó en la última sesión de Diputados, hecho que levantó sospecha en el oficialismo por ser un legislador siempre activo y presente en cada una de las facetas parlamentarias. A esto, se suma la ausencia de la reunión de este martes en una de las comisiones más importantes del Congreso y con temas de seguimiento especial que incluso lo mencionan por su accionar como funcionario del gobierno de Cambiemos.

El dictamen firmado por el oficialismo al que tuvo acceso Data Clave tienen como protagonista en un pasaje al diputado Milman por tareas que desarrolló como segundo del ministerio de Seguridad en la gestión de Patricia Bullrich. Aún así, el diputado no ejerció su defensa de forma presencial y solo fueron los diputados Cristian Ritondo (PRO) y Miguel Bazze (UCR).  Por el Frente de Todos firmaron los diputados Leopoldo Moreau, Eduardo Valdes, Blanca Osuna y Rodolo Tailhade y los senadores Oscar Parrilli, Sergio Leavy, Gerardo Montenegro y Martín Doñate.

El informe cuenta el testimonio de dos jueces provinciales, Luis Carzoglio y Gabriel Vitale, en cuanto a la aparición en escena de un agente que respondía a Milman, por entonces responsable de la inteligencia criminal. “Nos referimos a Fernando ‘Chino’ Cornes, funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, quien prestaba servicios en los despachos de la fiscalía provincial de Lomas de Zamora a cargo de la Dra. Giorgi (quien llevaba la causa Independiente), como facilitador de las actividades investigativas y articulador con la Gendarmería Nacional. Según los dichos del juez Vitale, fue Cornes quien organizó la visita de los directores de la AFI a su despacho portando un requerimiento fiscal de privación de la libertad para Hugo y Pablo Moyano”, explica el texto de la Bicameral.

Según consta en el dictamen “la Gendarmería Nacional comenzó a desplazar a la policía bonaerense en muchas de las investigaciones que tenían cierto impacto social, dejando expuesto el desembarco del Ministerio de Seguridad de la Nación en territorio bonaerense y en competencias exclusivas de la justicia y fuerzas provinciales”.  

“Se puede aseverar que la actividad sindical constituyó un blanco de la actividad de inteligencia de la AFI macrista, en colaboración con otras estructuras de seguridad”, sentenciaron las firmas mayoritarias de la comisión. 

Además, el documento de la Bicameral impugna el accionar de la AFI que condujo Gustavo Arribas durante el periodo 2016-2019 y apuntó en particular a las causas particularmente “referidas a la persecución antisindical” en la provincia de Buenos Aires. Según el informe esto se encuadra en “un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política”, alejado de lo que la oposición considera como accionar del “cuentapropismo”.

Según el documento, la AFI no tenía motivos para realizar un seguimiento al accionar de la UOCRA sede La Plata por no revestir una amenaza contra la seguridad interior o la defensa nacional. Este hecho, daría el indicativo de que se violó la Ley Nº 25.520 de Inteligencia. Así mismo, consideraron que la AFI tuvo “un rol central, y no marginal”, en la organización de una ofensiva contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.