El Consejo de la Magistratura es un lugar estratégico dentro del sistema judicial: es el órgano destinado no solo a los procesos de selección y remoción de jueces sino también el que se encarga de pagar los sueldos, de llevar adelante las refacciones en los distintos edificios judiciales, de conseguir y comprar los insumos para que “la justicia” funcione: desde las resmas hasta equipar las salas de audiencia para que sean posibles videoconferencias. 

Desde hace varios días, en tribunales comenzó a girar una preocupación que fue acrecentándose: ¿qué va a pasar con el funcionamiento del sistema si no alcanza la plata? El cálculo que se hace es sencillo: si se toma como prorrogado el presupuesto 2023 (como sucedió en la administración nacional y en otros entes) y sin las decisiones administrativas que lo complementaron ante el avance de la inflación, el dinero alcanzaría hasta abril de este año.

La situación es alarmante: ¿podría darse una especie de ‘shut down’? El término, tomado prestado de la política de Estados Unidos, hace referencia a un cierre de la administración o del gobierno, donde se suspende la prestación de todos los servicios públicos menos los considerados como “esenciales”. 

Aplicado al sistema judicial, sería funcionar a la mínima expresión, sin que se pueda precisar qué pasaría con juicios, procesos administrativos legales, demandas civiles o laborales, concursos para ocupar vacantes, por citar algunos ejemplos.

A ello se le suma otro dato que en los pasillos tribunalicios no pasó inadvertido: a pesar de que hay fecha de plenario pautada para la semana que viene, el Gobierno aún no nombró al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. ¿Desinterés o indecisión?

La relación entre las espadas judiciales del oficialismo y los principales sectores judiciales (la Corte, el Consejo, las asociaciones de jueces, fiscales y funcionarios) está tensa: tras un comienzo calificado casi como “auspicioso”, las decisiones que se tomaron después, la inclusión en la fallida ley ómnibus del traspaso de la justicia nacional y la falta de precisión sobre algunos temas terminaron de congelar los vínculos.