Milei y los gobernadores reeditan vieja antinomia de unitarios vs. federales y el Pacto de San José de Flores

Los historia argentina durante el siglo XIX estuvo marcada por una gran controversia política y social entre dos corrientes de pensamiento: unitarios y federales, que tuvieron ideas y visiones opuestas sobre la organización del país y su gobierno, lo que llevó a conflictos y enfrentamientos cruentos durante casi cuarenta años.

Los unitarios creían en un gobierno centralizado, con la ciudad de Buenos Aires como centro de poder y cultura, y proponían una economía desarrollada en base a los postulados del liberalismo. Mientras que los federales eran partidarios de la autonomía y el derecho a la autodeterminación y creían que el poder debía ser distribuido entre las provincias, con sustento económico en las actividades agropecuarias.

Entre 1828 y 1861 ambas facciones lucharon por el control del gobierno y la organización del país en una guerra que ocasionó pérdida de vidas, destrucción de pueblos y dejó profundas divisiones políticas y sociales que aún hoy se sienten en la sociedad argentina.

La secuencia que tuvo lugar esta semana tras el fracaso del oficialismo en el frustrado tratamiento de su ya fallecida “Ley Bases”, fue un déjà vu histórico que provocó un cimbronazo en el corazón mismo de las instituciones democráticas concebidas tras la conformación del Estado-Nación, a mediados del siglo XIX.

Mientras Javier Milei desde Israel, reaccionaba desbocado atacando a los gobernadores con munición gruesa por su supuesta complicidad con la maniobra que impidió la aprobación del malgestado mamotreto legislativo, tratándolos de “chorros” a los que “no les cierra el blanco”, sus colaboradores cumplían órdenes expresas provenientes del Muro de los Lamentos y disponían las primeras medidas para estrangular las finanzas provinciales mediante la eliminación del fondo para subsidiar el transporte urbano de las grandes ciudades en el interior y el vaciamiento del Fondo de Incentivo Docente.

La reacción de las provincias no se hizo esperar. Primero fueron los gobernadores, que salieron con los tapones de punta a cuestionar el método utilizado por el primer mandatario que cambió diálogo por látigo; luego fueron los intendentes, quienes también manifestaron su oposición a la medida que disparó el valor del viaje en los colectivos de cada distrito de la Argentina; después, los titulares de las carteras educativas, expresaron en una nota enviada este viernes al Secretario de Educación Carlos Torrendell, la preocupación por la decisión de suprimir los aportes del Tesoro Nacional a los mecanismos de financiamiento para la actividad docente.

Por último, se comenzó a gestar un movimiento insurreccional entre los mandatarios provinciales, que aguardan la señal para concretar un encuentro federal donde avanzar en lo que se estuvo conversando en bambalinas: la posibilidad de reflotar las prerrogativas preconstitucionales y constitucionales del Pacto de San José de Flores de 1859 para “frenar el totalitarismo antiliberal del estado federal que comanda el mesiánico retrasado de Javier Milei”, tal como lo apuntó a través de su cuenta de X el ex socio político del presidente, Carlos Maslatón. 

“Buenos Aires, con su propia moneda. Las provincias productivas centrales asociadas a La Plata saltando al gobierno confiscador de LLA y el PRO macrista. Deben animarse a proceder, el pueblo democrático los acompañará. Opongan las fuerzas de la paz a la violencia del gobierno que declara que los quiere fundir a todos”, sostuvo el dirigente libertario que hoy se para en las antípodas de su antiguo referente.

En la red social X circuló la versión de que Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, lo habrían llamado a Axel Kicillof para reactivar el pacto firmado en 1859, y de esta manera, exportar la producción de granos a través de los puertos bonaerenses, haciendo las liquidaciones a través del Banco Provincia, que por preexistencia, no paga impuestos a Nación. 

Data Clave consultó fuentes de las provincias involucradas en esta versión (Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires), pero ninguna confirmó la existencia de un plan al respecto. “Sí hubo conversaciones entre los gobernadores para coordinar acciones tendientes a la construir de un dique de contención a los ataques sistemáticos del gobierno nacional”, le confió a este portal un allegado al gobernador bonaerense. 

El Pacto de San José de Flores, fue un “convenio de paz y unión” firmado entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires el 11 de noviembre de 1859, luego de la victoria de la Confederación en la Batalla de Cepeda, gracias a lo cual se logró la unificación del país después de años de divisiones y guerras civiles. Además, es considerado uno de los acuerdos más importantes de la historia argentina, ya que marcó el inicio de la organización nacional definitiva.

Repercusiones de un fracaso autoinfligido

Además de envalentonar a la oposición -que se auto percibió capaz de ponerle un freno a las iniciativas del oficialismo- el traspié de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados evidenció el escaso volumen político, el bajo nivel de cuadros preparados para el Congreso y la incapacidad de negociar que tiene el gobierno libertario.

“Los negociadores dejaron mucho que desear”, mascullaba un diputado de LLA por los pasillos del palacio parlamentario, en curiosa coincidencia casi textual con lo que afirmaba uno de los referentes de la bancada de Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto. “Estos personajes carecen de experiencia en política y no conocen los requisitos mínimos y de funcionamiento que se necesitan para lograr que una ley sea aprobada en la discusión artículo por artículo”, completó el legislador.

La mayoría de los diputados consultados señalan como responsables de la mala praxis en la materia “Rosca” al consultor externo y dueño de la productora Move Santiago Caputo; al secretario de la Jefatura de Gabinete y Director de YPF, José "Cochi" Rolandi -enviado del Jefe de Gabinete Nicolás Posse-; y a un secretario de segunda línea que trabaja con el asesor presidencial Federico Sturzenegger llamado Maximiliano Fariña. 

“Nunca en mi historia política en el tratamiento de alguna ley tuvimos que dialogar con gente tan inexperta y arrogante. Lo más lamentable es que cada artículo que objetamos luego la aprobación de la ley en particular, los tres contestaban lo mismo, que eso al Presidente no le iba a gustar y que lo tenían que consultar con él”, masculló un referente del grupo dialoguista que no aprobó la iniciativa en el debate particular.

"Posse nos boludeó y nos mandó a negociar con este pibe, que podrá saber mucho de marketing y comunicación, pero de política no sabe un carajo; al otro que parece el pibe de los mandados y que no diferencia un artículo de un inciso; y a un pendejo que lo único que hacía era hablar por celular supuestamente con Sturzenegger", agregó. "Se ve que el Jefe de Gabinete confía más en estos tres arrogantes inexpertos que en el único tipo del gabinete que tiene capacidad negociadora y muñeca para manejar la situación, que es Guillermo Francos, no se para que lo tienen de ministro del Interior, si después lo dejan pagando", finalizó.

Milei encendió la motosierra interna

Otra de las consecuencias que tuvo la ira del Peluca contra los gobernadores fue la “limpieza” que efectuó de su staff de colaboradores. El viernes por la noche, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente se informó que "se solicitó la renuncia del Titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano, y de la Secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royon". Ambos presentaron sus dimisiones, a las que se sumó la demorada de Guillermo Ferraro al ministerio de Infraestructura, luego de su pelea por el manejo del Fondo Fiduciario del ENACOM con Posse, quien finalmente intervino ese organismo.

Sin embargo no serían los únicos en salir eyectados del gabinete nacional. En la lista de “retiros forzados” están el presidente del Banco Nación Argentina. Daniel Tillard; el secretario de Transportes, Franco Mogetta; y el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, que responden al gobernador cordobés, pero se podrían sumar más. 

Hay varios dirigentes del PRO, cercanos a Patricia Bullrich y con la bendición del sempiterno Mauricio Macri, que se están peinando para la foto de la asunción que, presumen, vendrá de la mano de una convocatoria inminente producto de un rediseño del gobierno en el que el propio Milei admitió este sábado estar trabajando. “Vamos a explorar un acuerdo con el PRO”, le dijo al colega Marcelo Bonelli en diálogo por Radio Mitre. "Las charlas q tengo con Mauricio son para construir un espacio político para una Argentina grande nuevamente”, reconoció.

Entre los que podrían llegar se mencionan al ex ministro de Transporte macrista Guillermo Dietrich; al ex vicejefe de CABA, Diego Santilli; a la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, junto a el ex gobernadora María Eugenia Vidal; y el actual intendente de Capitán Sarmiento y ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel.

A pesar de los rumores, una fuente muy cercana al presidente, que lo acompaña en su gira por Roma le dijo a este cronista que “ninguno de los que vamos a convocar vienen del palo de la política, no son dirigentes, son todos cuadros de perfil técnico”.

El error de trasladar la Embajada a Jerusalem

Ni bien Javier Milei bajó de la escalerilla del avión que lo trasladó hasta Israel, le confirmó al canciller, Israel Katz, que lo esperaba en la pista del aeropuerto “Ben Gurion”, su decisión de mudar la embajada argentina a Jerusalén, una medida de alto impacto político que ya había prometido durante la campaña. Más tarde, la canciller Diana Mondino, aclaró que no se trata de algo inminente, sino que pasarán al menos “cuatro o cinco años” antes de que pueda concretarse esta movida que, como era de esperar, más tarde enfureció al grupo terrorista palestino Hamas. 

Milei ha elegido a Israel como prioridad de su agenda internacional, visitándolo en su segundo viaje al exterior desde que asumió su mandato, y manifestando su visión de Hamas como organización terrorista, luego de categorizarla como tal para el sistema de seguridad argentino. Desde una perspectiva de integración al mundo capitalista, este alineamiento, si bien eleva el riesgo de seguridad para nuestro país, también podría traer aparejados beneficios propios de alinearse con un bloque occidental capitalista, cuyos países son inversores y acreedores del nuestro.

Sin embargo, mudar la sede del Estado argentino es otra categoría de decisión. Es estratégico. Permanente. Y se supone que requiere de un amplio consenso de la mayoría del espectro político, que debería formar parte de una planificación estratégica de nuestra política exterior, y tener detrás un elaborado plan de contingencias y de seguridad. Nada de esto parece estar presente en este caso.

Jerusalem ha recibido por parte de Naciones Unidas un status especial, es un territorio reclamado, es Ciudad Santa para las tres religiones monoteístas, y solo es sede de muy pocas embajadas, solo una relevante (Estados Unidos desde 2017). 

“Que Argentina establezca su soberanía extraterritorial allí indica un reconocimiento explícito de un derecho hasta hoy en disputa. Es tomar definitivamente una posición en un conflicto externo, sin ninguna contraprestación de semejante importancia. Es sobreactuar innecesariamente una alianza que ya existe, elevando considerablemente el riesgo permanente se involucrarse en un conflicto histórico, complejo, en el que no tenemos nada que ganar, y que ha costado (y sigue costando miles de vidas de civiles inocentes)”, le explicó a este portal un reconocido analista internacional, que trabajó en Inteligencia para Argentina y los Estados Unidos.

Cuando Donald Trump decidió mudar la embajada norteamericana a Jerusalem recibió (y sigue recibiendo) incontables críticas internas e informes reservados de inteligencia y seguridad. Para el país más poderoso del mundo constituye un desafío permanente y un gasto colosal. El más puro sentido común y la mirada de los especialistas coinciden en que no es el momento para llevar a cabo semejante decisión.

“En más de 30 años no hemos podido detener ni un solo responsable de los dos atentados terroristas más importantes de nuestra historia; detenemos personajes comunes pensando que son terroristas y a los días debemos liberarlos; no integramos ninguna red relevante de información ni inteligencia global porque hace años que entregamos esta materia a la política y por ello la desprofesionalizamos; carecemos de equipos de investigación en la justicia y en el poder ejecutivo con experiencia suficiente; carecemos de medios físicos y recursos para costear un sistema de seguridad preventiva a la altura de semejante desafío, entonces ¿cómo vamos a proteger a nuestra gente de semejante riesgo autoinfligido?”, se preguntó otro de los especialistas en seguridad consultados.