Acción u omisión: cómo juega la política rionegrina en el conflicto de Villa Mascardi

La proximidad con disputas electorales exacerba posturas y discursos en la dirección que sea. Es un hecho per se de la política, nadie quiere perder pisada y recurre a reforzar aquello que entiende como el núcleo duro de su electorado. Y si los temas son mediáticos o tienen un golpe de efecto, más aún. 

El conflicto territorial que sostienen las comunidades mapuches desde hace años no escapa a esta condición. Al contrario, fue motivo de campaña en la última elección legislativa. La toma de Villa Mascardi, cerca de Bariloche en Río Negro, fue tapa de varios diarios y noticia en TV durante varias semanas en 2021 y sirvió como plafón para varios actos proselitistas. 

En este sentido, hubo en aquel entonces y todo indica que habrá dos formas de abordarlo: por acción u omisión. Esto es, algunas fuerzas y actores políticos tienen un discurso fuerte y condenatorio de las tomas. Hablan de delitos y hasta de terrorismo cuando se registran episodios de violencia. En cambio, otros son más cautos o directamente eligen el silencio. Claro, tomar posición es un riesgo y a veces hasta choca con ideas y valores que se pregonan. Más aún, a pocos meses de las elecciones provinciales, que muy probablemente tengan lugar en abril.

“El desalojo de Villa Mascardi y la detención de los violentos es ni más ni menos que lo que estábamos reclamando desde hace casi tres años, cuando junto a los vecinos fuimos los primeros en poner el tema sobre la mesa”, apuntó a Data Clave el diputado provincial del PRO Juan Martín.

En la misma sintonía, el referente de los amarillos en Río Negro señaló que “en los últimos días estuve tres veces en la zona y pude observar que la situación se había agravado hasta llegar a un punto crítico. Por eso, además de acompañar a las víctimas en su reclamo, desde el Parlamento Patagónico obtuve un pronunciamiento de todos los legisladores de la región”.

Y sentenció: “Esperamos que lo que estamos viendo hoy (por el martes) signifique pacificar la zona y que se vaya a fondo contra las organizaciones que desataron esta espiral de violencia”.

Por su parte, el diputado nacional y precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Aníbal Tortoriello - también del PRO- expresó a este medio que “el gobierno de Cambiemos se ocupó de hacer un desalojo, pero lamentablemente después volvieron. Y de ahí en más, siguió una historia donde el gobierno que vino, el actual, junto a las fuerzas federales, jamás movieron un dedo. Hasta mostraron complicidad con los exmiembros de INAI Magdalena Odarda y Luis Pilquiman, apoyando a estos grupos desde la logística y sin combatir estos crímenes que vienen cometiendo hace años”.

También arremetió contra las autoridades rionegrinas: “El gobierno provincial tampoco ha hecho nada, se mostró inactivo. Tenían la autorización para el desalojo de la toma de Cuesta del Ternero y no lo hicieron. Estamos hablando de delitos con actitudes terroristas”. 

Sobre el desalojo de este martes, Tortoriello indicó: “Este domingo cuando fui a Bariloche vi varios vehículos de Gendarmería, que entiendo se da como reacción al último atentado. Lo veo como algo positivo el desalojo, pero ojalá signifique el principio de un trabajo de combatir el crimen en la zona andina y dure hasta que todos vayan presos”.  Y añadió: “Espero se continúe el trabajo de investigación y manden todos a la Justicia, que no sea un simple desalojo. no debe ser solo un golpe de efecto. Un delincuente suelto va a seguir delinquiendo. Los necesitamos presos”.

La postura no es azarosa: la primera línea del PRO a nivel nacional y sus representantes en el Congreso se mostraron muy duros con la situación. En efecto, el último domingo la presidenta del partido amarillo y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó una marcha contra las tomas. Y es recordada en su paso por la cartera de Nación por su mano dura, en especial contra las protestas mapuches.

En el caso del oficialismo provincial, han tenido una postura similar a la de la alianza opositora, condenando las tomas. Incluso esto le generó varios roces con Nación, con varios pedidos de envíos de fuerzas nacionales que no llegaban. El escenario también les servía para despegarse de un gobierno nacional en caída libre, más allá de ser un sello provincial. 

“La situación no es fácil, hay muchas mujeres, menores, mujeres embarazadas ocupando ese lugar. Es muy sensible y vamos a esperar a que termine el desalojo. Si sale todo bien, nos vamos a expresar a favor de todo esto. Nosotros, todo enmarcado en la ley 261160 de relevamiento territorial. Vamos por el camino del medio”, aclararon fuentes de Juntos Somos Río Negro a Data Clave

Lo cierto es que en la previa a las elecciones del año pasado, los principales referentes de Juntos Somos Río Negro condenaron con dureza las tomas. En efecto, el entonces candidato a diputado nacional -que a la postre resultaría ganador- Agustín Domingo compartía casi la misma línea sobre el tema que Tortoriello.

Silencio atroz

El Frente de Todos, por su parte, mantuvo un silencio ensordecedor sobre este tema. No solo ante el desalojo sino y sobre todo en la previa. La posición del oficialismo nacional es por demás incómoda en este tema. Por un lado, en su momento tenían al frente del INAI a Magdalena Odarda, que había sido compañera de fórmula en 2019 del hoy ministro de Justicia, Martín Soria, para la gobernación.

Pero quienes sí se expresaron fueron aquellos que desde hace tiempo vienen marcando uan diferencia dentro del peronismo provincial. Se trata del incipiente Frente Renovador, que se oficializó meses atrás en Río Negro y ya partió el bloque en la Legislatura y varios concejos deliberantes.

Los legisladores massistas se expresaron en contra de la violencia en la localidad andina. 
"Desde el Frente Renovador de Río Negro hacemos público nuestro más enérgico repudio a los hechos ocurridos en Villa Mascardi y nos solidarizamos con el personal de Gendarmería Nacional agredido y sus familias. Asimismo, manifestamos nuestra solidaridad a los vecinos y vecinas de la zona y de todo San Carlos de Bariloche, que unánimemente dicen basta a la violencia", remarcaron en un comunicado.

“Entendemos que todas y todos los ciudadanos que pisan suelo argentino nos regimos en el mismo Estado de Derecho, con las mismas obligaciones, derechos y garantías, por lo que ninguna causa puede tener un tratamiento por fuera de estos parámetros. Porque una cosa son las reivindicaciones justas que se debaten en términos democráticos y algo totalmente distinto son los actos delincuenciales, que atentan contra la convivencia pacífica y las instituciones”, señala el documento que lleva la firma de los diputados Alejo Ramos Mejía, Luis Albrieu y Nicolás Rochas.

"Dañar propiedades, realizar atentados, no los hace portadores de la verdad ni de ningún discurso heroico, sino simples criminales que no saben vivir en sociedad. Hay que deconstruir cierto relato pseudo místico que legitima estos delitos y acciones, que solo alimentan la violencia irracional. Decimos con toda firmeza: si creen tener derecho, vayan a la Justicia e inicien una causa; si no son reconocidos en sus planteos, recurran la sentencia; y si pierden… que lo acepten. Porque eso es lo que hace un ciudadano de bien: aceptar el Estado de Derecho y sus normas, para convivir en sociedad”, concluyeron