La persecución judicial que el exgobernador Gerardo Morales inició en Jujuy en contra del docente Nahuel Morandini, el trabajador Roque Villegas y la arquitecta Lucía González, generó una respuesta de organismos de defensa de los derechos humanos, preocupados por la situación.

En concreto, la organización Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente (AU) para que las autoridades de la provincia de Jujuy retiren los cargos penales en contra de esa tres personas, quienes fueron acusados de los supuestos delitos de alteración y supresión de la identidad de menores y lesiones psicológicas. Asimismo, a los dos primeros se les agrava la imputación por violencia de género.

Morandini, Villegas y González están acusados de causar daño psicológico y emocional a Tulia Snopek y a su hija de dos años, por su actividad en la redes sociales. Snopek es la esposa del exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales.  

La llamada Acción Urgente (AU) es una estrategia por la cual miles de personas de todo el mundo se suman a una campaña para exigir el respeto de los derechos humanos, cuando se producen situaciones de peligro. 

De esa forma se activa una red integrada por decenas de miles de personas que se unen enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible. En este caso la AU fue dirigida hacia el fiscal Walter Rondón, que lleva adelante la investigación. 

“Nos preocupan tanto esta acusación penal como el abuso de la prisión preventiva, ya que que restringen el derecho a la libertad de expresión. Este tipo de medidas aleccionadoras pueden tener un impacto desproporcionado y un efecto amedrentador más amplio. El derecho a expresarnos libremente es uno de los principios fundacionales de la democracia, pero cuando el Poder Judicial no ejerce de modo correcto sus funciones, quienes defendemos derechos humanos no podemos hacer caso omiso a este tipo de vulneraciones que, justamente, empañan el buen funcionamiento de una sociedad justa y plural”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. 

La acusación de la fiscalía se basa únicamente en publicaciones realizadas en Facebook y X (ex Twitter), e, incluso, en un grupo privado de WhatsApp, referidos a la esposa del ex gobernador, quien dijo sentirse agraviado. Fue ella la que realizó la denuncia el 4 de enero último y entonces se inició la persecución contra los tres. 

Según los abogados de los acusados, las únicas pruebas aportadas a la investigación son estas publicaciones que no han tenido el efecto ni la intención de alterar la identidad a ninguna persona, sino que se trata  comentarios sobre trascendidos públicos que están amparados por ejercicio de la libertad de expresión.

Por esta investigación, Morandini y Villegas estuvieron 54 días detenidos en la cárcel de Gorriti en San Salvador de Jujuy, y denunciaron ante la justicia haber sufrido malos tratos y vejaciones. 

Por su parte, Lucía González tenía vigente una orden de detención que no se llegó a concretar porque las autoridades recientemente la dejaron sin efecto. Sin embargo, la investigación continúa. Ella está imputada por un comentario realizado en un grupo privado de Whatsapp. 

El abogado de la arquitecta de 42 años, Javier Vuistaz, entendió que existe una "trampa" en el procedimiento de la justicia jujeña, luego de que su orden de captura queda sin efecto. "Aunque le levantaron las órdenes de detención y captura, nada garantiza que cuando se presente a declarar y el fiscal le lea las imputaciones en su contra quedará efectivamente en libertad", sostuvo.

“Amnistía Internacional recuerda las obligaciones internacionales del Estado argentino, tanto a nivel provincial como federal, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión”, sostuvo la entidad en una declaración.