Un vuelo de la Royal Air Force partió este domingo 4 de abril desde Montevideo, Uruguay con destino a la base aérea Mount Pleasant en las Islas Malvinas Argentinas. Lo que agrava la situación de este hecho, según consta en el pedido de informes que la abogada Valeria Carreras solicitó al Ministerio de Defensa (revelado el lunes por Data Clave), es que el avión habría violado “los convenios tácitos y escritos suscritos por los países miembros del Mercosur y el Parlasur”. A esto se le suman otros 17 vuelos que afectan la soberanía argentina. 

A raíz de esta situación, el gobierno de Alberto Fernández presentó una queja ante Uruguay por la colaboración prestada al avión militar británico y el reaprovisionamiento que éste hizo en la escala. Según los detalles del pedido que Argentina hizo al país vecino, y complementando a lo que se detalla en el pedido de informes, lo que se exigen son respuestas al vuelo de "vuelta" desde las Islas Malvinas a Uruguay: "El vuelo habría despegado desde Malvinas y voló sobre aguas internacionales hasta Montevideo, donde hizo escala para reaprovisionarse en su regreso, una práctica que contradice los acuerdos alcanzados por Argentina con sus países limítrofes para que la asistencia a la ocupación británica se limite a cuestiones humanitaria".

No es la primera vez que esto ocurre. El 21 de julio de 2020 el canciller Felipe Solá ya había exigido respuestas al embajador uruguayo en Argentina,  Carlos Fernando Enciso Christiansen, respecto a estos vuelos. Como resultado de ese pedido, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, respaldó en nombre del Mercosur el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. 

El pedido de informes sobre el vuelo  AIRBUSS KC2 VOYAGER (A330-243MRTT), de la Royal Air Force, que partió desde Uruguay el domingo a las 19.44, atravesando el espacio aéreo argentino, exige conocer si se trata de un “vuelo humanitario” o de un “vuelo autorizado”. En caso que sea un vuelo no autorizado, el pedido de la doctora Carreras solicita que se conozca qué medidas tomará el Gobierno ante esta situación.  

A estos vuelos se le suman una serie de episodios que tensionaron este último año la relación entre el gobierno argentino y el británico. En julio del 2020, Cancillería Argentina denunció ejercicios militares en las islas de los que participaron el buque patrullero HMS Forth, la compañía de infantería británica A y la aeronave A400M, en lo que se consideró como “despliegue de ocupación ilegal del Reino Unido".

Meses más tarde, en enero, se tomó conocimiento de nuevos ejercicios militares por parte de las fuerzas británicas donde participaron, entre otros, soldados del Grenadiers Guards y del Scots Guards en conjunto con fuerzas de la Royal Navy de la Royal Air Force. Argentina calificó esta acción como “una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales”. La situación se agravó aún más en febrero, al conocerse la operación de un submarino de Estados Unidos en el Atlántico Sur con apoyo del Reino Unido. 

En línea con estas operaciones ilegales, Argentina rechazó el 16 de marzo último la presentación realizada hoy por el primer ministro británico Boris Johnson en la Cámara de los Comunes en la cual expuso una Revisión Integrada de Seguridad, Defensa, Desarrollo y Política Exterior, destacando que mantendría la presencia militar en las Islas Malvinas y que estás tendrán como objeto “disuadir y desafiar las incursiones en las aguas territoriales británicas de Gibraltar”.

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