"Compleja arquitectura". Así denominó el juez federal Juan Pablo Auge el entramado que se delineó desde la Agencia Federal de Inteligencia para montar los operativos ilegales entre los que están los seguimientos a Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria. Las 172 páginas reconstruyen el funcionamiento que tuvo la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri y el rol que tuvieron Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en las maniobras delictivas. El magistrado convalidó y se apoyó en el trabajo que hicieron la fiscal Cecilia Incardona y su colega Santiago Eyherabide. 

Auge procesó a Arribas, a Majdalani y también a Martín Coste, ex jefe de Contrainteligencia en el tramo del expediente donde ya estaba procesado Alan Ruiz, el hombre clave en toda esta historia y que aparece mencionado muchísimas veces en el fallo donde el juez deja en claro que todos tenían prohibido realizar tareas de inteligencia relacionadas con la política o seguridad interior y que, sin embargo, lo hicieron igual. 

“Los servicios de inteligencia no son una ‘policía política’ ni son una institución autónoma desligada del gobierno ni de los controles que sobre éste ejerce la sociedad democrática; es la diferencia entre unos servicios de inteligencia democráticos y unos servicios secretos que constituyen un ‘Estado dentro del Estado’ y que funcionan sin ajustarse a ningún tipo de control legal ni democrático, situándose al servicio del poder político establecido para el mantenimiento del mismo”, arremetió Auge con una cita de una catedrática española que expuso sobre el control de los servicios de inteligencia.

El procesamiento incluye, además de la violación a la ley de inteligencia que prevé una pena de entre tres y diez años de prisión, el abuso de autoridad y la falsedad ideológica por haber truchado varios documentos públicos.

El juez Auge repasó las circunstancias investigadas: que desde por lo menos mayo y hasta diciembre de 2018, Arribas y Majdalani le dieron órdenes a Ruiz para que coordine un grupo de agentes orgánicos e inorgánicos y que ellos se encargue de vigilar, observar, obtener información y almacenar datos para generar informes sobre distintas personas. Aquí, la mención incluyó también la otra parte de la causa: el famoso grupo “Super Mario Bros”, puesto en funcionamiento después del arribo de Ruiz desde el Ministerio de Seguridad. Ese pase fue solicitado específicamente por Majdalani.

Los espionajes a Cristina Fernández de Kirchner en su casa y en el Instituto Patria sucedieron entre julio y agosto de 2018. Para eso, no solo iban agentes a observar y detectar movimientos sino que también colocaron “autos de técnica”. ¿Qué es esto? Estacionar un vehículo “no visible” con una cámara en su interior para filmar y registrar todo lo que suceda. “La finalidad de la vigilancia ordenada a los agentes, era la de observar y registrar a las personas que entraban y salían del lugar, y también si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación o dinero”, dice Auge, en una mención clara a la causa de los cuadernos, que en ese momento acababa de explotar mediáticamente.

“TRABAJO POLÏTICO” Y ÓRDENES DE ARRIBA
Para el juez, Arribas impartía las directivas y Majdalani era la que dialogaba con Alan Ruiz para “transmitirle y hacer un seguimiento de las tareas”. Marcó Auge que cuando Ruiz empezó su trabajo en la AFI, algunos agente le presentaron trabajos vinculados a narcotráfico o capturas de prófugos. La respuesta del por entonces Director de Operaciones Especiales fue contundente: ese trabajo es policíaco y que Arribas y Majdalani estaban interesados en el “trabajo político”.

“Se advierte a todas luces este vínculo directo y de confianza existente entre Alan Ruiz y Silvia Majdalani, y una dinámica de trabajo que escapaba al funcionamiento y el esquema administrativo y jerárquico regular de la AFI. Respeto a este punto, surge de la prueba recabada que con la llegada de Alan Ruiz, la modalidad del trabajo se vio modificada sustancialmente. Antes, los operativos se desarrollaban a partir de una orden trabajo que se plasmaba en una planilla. Sin embargo, con el arribo de Alan Ruíz, las órdenes de trabajo desaparecieron ya que éste utilizaba el término ‘es un pedido de la línea’, haciendo alusión a que era Silvia Majdalani a quien él le reportaba” explicó el juez.

Todos, hasta los agentes recién ingresados sabían que no estaba permitido la irregularidad del espionaje político. Muchos se quejaron incluso. Ruiz les respondió que había que hacerlas igual porque, era una orden directa de “la 8” (Majdalani) y que existía “la necesaria cobertura legal” para realizar el operativo. En los papeles, nada parece justificarlo.

BURDO Y PRECARIO
Una vez que fueron descubiertos los agentes que hacían el espionaje, se activó la segunda etapa de esta cuestión: tratar de hacer legal lo que no lo era. Para eso, existió una estrategia doble: el documento que se giró a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de inteligencia del Congreso y luego la maniobra de insertar informes falsos en una causa judicial para zafar de otra, la que se abrió para investigar esta secuencia en el Patria.

“Gustavo Arribas y Silvia Majdalani suscribieron una nota dirigida a la Comisión Bicameral de Inteligencia afirmando falsamente que no se habían producido seguimientos respecto de Cristina Fernández y que el personal descubierto en el lugar estaba allí realizando tareas investigativas en cumplimiento de una orden judicial”, explicó el juez. Fue el punto inicial de “una serie de falsificaciones documentales que tuvieron por objeto intentar darle una apariencia lícita”.

“Para hacer parecer legales las tareas ilegales Arribas y Majdalani habían cometido de propia mano la falsedad ideológica de la Nota presentada ante el Congreso, diciendo que las tareas correspondían a una causa judicial. Pero ante el pedido realizado por la justicia en el marco de una investigación penal, decidieron generar otra serie de falsedades documentales, de modo de tratar de respaldar la nota falsa inicial y la apariencia de respaldo judicial para hacer las tareas ilegales, justamente produciendo nuevos informes falsos”, resumió Auge de manera letal. 

La causa en la que insertaron esos informes es una que se llevaba adelante en el Juzgado de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena donde se investigación posibles atentados en relación con la celebración de eventos como el G-20 y los Juegos Olímpicos de la Juventud, por ejemplo. De acuerdo a lo que quedó evidenciado, en esa causa no hay mención a Cristina hasta bastante después de que estallaran mediáticamente los seguimientos. El 17 de agosto entra por primera vez el nombre de la actual vicepresidenta en una nota de la Agencia.

“Esta total falta de relación con el objeto procesal y el modo de introducción de las tareas en la causa (posterior, contradictorio, desarticulado) es ya una evidencia clara de que las acciones de inteligencia sobre el Instituto Patria (y el domicilio particular de Cristina Kirchner) eran prohibidas por no estar de ningún modo ordenadas por la autoridad judicial de esas actuaciones en el momento que se llevaron a cabo y por tanto, además, que el documento presentado por Arribas y Majdalani ante la Comisión Bicameral del Congreso era falso en su contenido en cuanto negó la realización de las tareas ilegales y aseguró que se vinculaban con una orden judicial que provenía, a la postre, de la causa mencionada”, clarificó de manera tremenda el magistrado de Lomas. “Burda y precaria” fueron los adjetivos que usó el juez para describir toda la maniobra