Tras el asesinato de un policía apuñalado por un hombre frente al Malba y a plena luz del día, un largo debate volvió a la Argentina: el uso de las pistolas Taser para repeler ataques o delitos. El protocolo de actuación había sido aprobado bajo la gestión de Patricia Bullrich luego de años de presentaciones y fallos judiciales respecto de los límites y alcances de las armas eléctricas, pero fue derogado cuando Sabina Frederic llegó a la cartera en los primeros días de este Gobierno.

La discusión es ideológica y nunca se consolidó una línea clara como política de Estado. Esta mañana, el ministro de Seguridad Sergio Berni volvió a pararse en la vereda de enfrente a la titular de la cartera nacional: respecto del homicidio del inspector Juan Roldán dijo que “quedó claro que el arma Taser es fundamental para situaciones de estas características” y dijo que el oficial actuó “con indecisión de sacar el arma” en diálogo con Radio Rivadavia. Además, planteó que “hay quienes piensan que la vida de un delincuente está por encima de la de cualquier persona honesta y que la vida de un policía no vale nada”.

La utilización de las pistolas Taser fue una de las banderas de la gestión Bullrich, quien aprobó un protocolo que daba más facultades a los policías para actuar frente a potenciales agresores, entre ellas la de poder disparar sin dar la voz de alto. La oposición al macrismo puso el paquete de medidas bajo la etiqueta de “Doctrina Chocobar” y organizaciones de Derechos Humanos manifestaron preocupación por la posibilidad de que desde la conducción del ministerio se avalara el gatillo fácil.

En abril del año pasado, la cartera conducida por Bullrich licitó la compra de 100 armas eléctricas por US$ 123 mil, a razón de US$ 682 por cada Taser, que serían destinadas para uso policial. Sin embargo hubo distintas versiones al respecto de qué había ocurrido con las pistolas, que tardaban en llegar a la Argentina y que según el oficialismo actual, nunca llegaron a manos de las fuerzas de seguridad y representan “una entelequia”. En la transición entre gobiernos, hacia diciembre, Bullrich dijo que las Taser estarían a disposición; pero un funcionario de Frederic desmentía: “No llegaron aún”.

Frederic tenía la idea de destinar las Taser a las fuerzas especiales como Geof o Alacranes y no para situaciones de delito ordinario. Al llegar al cargo, la actual ministra derogó el protocolo diseñado por su predecesora y modificó todos los lineamientos. Una resolución publicada por Seguridad en el inicio de la gestión mostraba el giro ideológico en el debate por la seguridad al plantear que la doctrina anterior atentaba "contra el principio de proporcionalidad y el de racionalidad del uso de la fuerza letal".

En ese entonces, Bullrich cruzaría a Frederic por el cambio en las perspectivas: “Consagran los derechos de los criminales. Victimas y fuerzas de seguridad desamparadas. Derogan el buen uso de las armas de fuego, Taser, la regla contra ofensores en trenes y el S. Cívico en Valores. Vuelve Zaffaroni recargado: el mundo al revés, ladrones con derechos y policías estigmatizados”, tuiteó dos semanas después de la asunción del gobierno de Alberto Fernández.

La justificación de Frederic para derogar el protocolo de Bullrich tenía (con vigencia en la actualidad) los siguientes argumentos: "La ausencia de regulación sobre cómo debe utilizarse este armamento ocasiona una situación de peligro exponencial -pudiendo transformar su uso en letal-, toda vez que no se delimita claramente la distancia a la que debe ser utilizada el arma, los lugares del cuerpo donde pueden realizarse las descargas, cuánto deben durar las mismas, si pueden reiterarse, la población sobre la cual su uso debe estar totalmente prohibido, cómo proceder ante una posible descompensación, qué controles médicos deben realizarse con posterioridad a fin de no padecer problemas en la salud, entre muchas otras circunstancias".

La problemática sobre el accionar policial es otra de las discusiones cíclicas en la Argentina que solo tiene definiciones según quien gobierne. No está claro todavía qué ocurrió con las Taser que compró el Estado bajo la conducción Bullrich, pero el debate vuelve a instalarse en la coyuntura a partir del asesinato de un policía a puñaladas y la posterior muerte del agresor. Hay quienes creen que una Taser ayer frente al MALBA podría haber mantenido a las dos personas con vida. En el medio, quienes consideran que la utilización sin capacitación puede generar mayores riesgos. Y en el otro lado, quienes condenan la utilización de las armas eléctricas en todas sus formas.