“Los sucesos del 1° de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte, Fernando André Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Mariel Díaz”. Así resumió la jueza María Eugenia Capuchetti la responsabilidad de Carrizo y Díaz, las dos personas que aún no estaban procesadas en el marco de la investigación por el intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

Para la magistrada, tanto Carrizo como Díaz son participes secundarios del hecho ya que “planificar no es lo mismo que ejecutar”. “El análisis global de las conversaciones mantenidas entre ello, permitió establecer que todos los imputados confluyeron en el propósito de causarle la muerte a la Vicepresidenta de la Nación, intercambiando opiniones acerca del modo en que debía ser llevado a cabo el hecho”, sostuvo.

Además del procesamiento, determinó que deberán seguir detenidos en preventiva y se les dictó un embargo de 100 millones de pesos. “Partícipe secundario del delito de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y la premeditación, en grado de tentativa”, es la calificación precisa que la jueza estableció.

“Quedó demarcada la intención previa, preordenada y directa que han tenido los imputados de acabar con la vida de la víctima”, afirmó Capuchetti. Para eso, hizo un pormenorizado análisis de los mensajes que hay en la causa y que fueron extraídos de los celulares.

Allí se pudo observar como todos los involucrados hablaban sobre distintas formas de llevar adelante el asesinato. Descartó entonces la jueza los motivos de los acusados, que habían tratado de desligarse de cualquier tipo de responsabilidad.