La Sala I de la Cámara Correccional y Federal confirmó el procesamiento de una persona acusada de amenazar por la red social exTwitter (hoy X) a la exlegisladora porteña y dirigente del Frente Patria Grande, Ofelia Fernández, con un mensaje que hacía alusión a "simbología asociadas al terrorismo de Estado asociado de la última dictadura militar y al delito de desaparición forzada de personas”.

El imputado se llama Baltazar Ezequiel Murua y está acusado por los delitos de “amenazas coactivas agravadas”. Estaba procesado también por lo previsto en el artículo 3 de la ley contra los actos discriminatorios pero ello fue revocado por los camaristas. En esa normativa, se castiga a quienes “alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

En esta circunstancias, los jueces consideraron que las amenazas no fueron publicadas en un sentido discriminatorio por género o ideas políticas “sino por el descontento respecto al desempeño de los funcionarios públicos”.

El caso

El agresor emitió mensajes contra Fernández el 10 de julio de 2020, de forma anónima y a través de varios perfiles que fueron creados desde un mismo número de teléfono celular.

“Date una vuelta por la marcha, gorda, así te subimos al Falcon”, sostenía uno de los mensajes que fueron enviados por Murua a Fernández, quien por entonces ocupaba una banca en la Legislatura porteña, que este usuario borró pero que la víctima capturó en un dispositivo para luego presentarlo en su denuncia.

Y en ese sentido, el acusado insistió con otros mensajes que estaban en la misma sintonía: “Acá les muestro mi Falcon, me da bronca que Ofelia Fernández me niegue una vueltita”, señalaba en un texto publicado en la red social que era acompañada de un auto Ford Falcón, utilizado por los grupos de tareas de la última dictadura para secuestrar personas en el contexto de la represión ilegal.

En su fallo, la Cámara estableció además que estos mensajes le produjeron a la víctima un estado de “intranquilidad psíquica ante la posibilidad de sufrir una agresión física”, que afectaba “su ámbito de autodeterminación en la función pública”.

La causa se inició en julio de 2020 con una denuncia de los fiscales Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciber Delincuencia (UFECI), y Mariela Labozzeta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuando la legisladora reportó una serie de mensajes violentos recibidos en la red social Twitter.

Los fiscales sostuvieron que esos mensajes incluían insultos y términos atemorizantes relacionados con la postura de Fernández en relación a la defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ, en función de delitos que tipificados en el Código Penal.

Tras una cuestión que se planteó en el expediente en relación a los delitos denunciados, el caso llegó hasta la Corte Suprema, que tres años después remitió las actuaciones a los Tribunales Federales de Comodoro Py.