“Acá no estaba el covid porque se hizo el trabajo como la gente y ahora trajeron a un hombre infectado”. La declaración es de Claudio Cirigliano, detenido en el penal de Ezeiza por haber sido condenado a siete años de cárcel en el juicio por la Tragedia de Once. En las últimas horas, se conocieron dos fallecimientos por COVID-19 dentro de unidades que dependen del Sistema Penitenciario Federal (SPF) y un foco de infecciones dentro de la Unidad 34 de “Campo de Mayo” que aloja mayoritariamente a detenidos por crímenes de lesa humanidad.

Cuando comenzó la pandemia, la situación del coronavirus en las cárceles federales era una de las mayores preocupaciones debido a la situación de hacinamiento que hay en la mayoría de ellas y a las condiciones bastante precarias en las que viven los detenidos. A eso se le sumaba que muchos tenían enfermedades que los ponían en riesgo y algunos pertenecían al grupo de mayores de 60 años. 

Por eso es que se elaboraron, en su momento, una serie de recomendaciones de las Cámaras de Casación Nacional y Federal para evaluar la situación de aquellas personas detenidas por delitos leves o no violentos que pudieran transitar su detención, por ejemplo, de manera domiciliaria. Lo cierto es que esto (sumado a una determinación que tomó la Casación de la Provincia de Buenos Aires) desató un escándalo sobre supuestas liberaciones masivas que nunca fueron tales. Primero, porque se trataba de recomendaciones y no de obligaciones y segundo, porque los y las juezas en general evaluaron que no correspondía otorgar esa modalidad de arresto.

 

 

A más de cuatro meses de comenzada la pandemia en el país, ¿cuál es la situación dentro del Servicio Penitenciario? De acuerdo a las estadísticas oficiales, en este momento hay 11600 personas dentro de las cárceles federales (solo el 45% tiene una condena firme). De esa población carcelaria, hay alrededor de 120 detenidos que contrajeron la enfermedad. La mayoría de los casos se concentraron en el penal de Devoto, en Ezeiza y ahora en Campo de Mayo.

¿Cómo se contagian las personas detenidas? Simple: los agentes del Servicio, los médicos y todas las personas que trabajan dentro del SPF lógicamente entran y salen. Un brote en un penal es siempre un signo de alerta aunque los números por ahora se mantienen bastante bajos. Los contagiados representan algo más del 1% del total de la población carcelaria federal. La atención está garantizada fundamentalmente en el Hospital Penitenciario y la preocupación está enfocada, por supuesto, en los casos graves o que afectan a grupos esencialmente de riesgo.

 

 

Apenas comenzó la pandemia, el Servicio Penitenciario suspendió todo los traslados de detenidos para evitar cualquier tipo de contagio y también se restringieron los ingresos de personas. Esta situación derivó en diversas presentaciones judiciales y una de ellas de esta semana obligaría a ingresar al SPF a 45 detenidos que están en las alcaídas de la Ciudad de Buenos Aires y tiene diagnóstico positivo de COVID-19.

“No se desconoce que la crisis sanitaria que se padece tanto a nivel local y nacional -POR NO DECIR Mundial-, afectó sensiblemente al Servicio Penitenciario Federal, que ya estaba en un estado de emergencia -económica y de infraestructura- previa”, dice el juez Julio Lucini en el fallo al que accedió Data Clave. Pero luego sostiene que el SPF tiene plazas disponibles en la Unidad 21 y que debe darles lugar allí.

La Unidad 21 es un Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas que queda en el mismo predio donde está ubicado el Hospital Muñiz. Tiene alrededor de 60 camas y 40 ya está ocupadas por personas con patologías diversas. La situación cambia día a días y las 20 camas que quedan podrían alojar a los contagiados de Campo de Mayo, el último foco que se detectó.

“Responsables de la Institución han supuestamente dado la orden (no escrita) arbitraria y unilateral de no recibir a los detenidos, si padecen Covid-19, impidiendo cualquier posibilidad de consenso o al menos de comportamiento solidario en la emergencia.No puede dejar de ponderarse una vez más que el colapso de las alcaidías de la ciudad tiene relación directa con la decisión del servicio penitenciario federal de suspender las admisiones de nuevos internos y que pese a no contar con infraestructura adecuada aquéllas hicieron frente a la excepcional situación”, marcó el juez esta semana.

Lo contradictorio es que, a fines de la semana pasada, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena le comunicó a las autoridades del Servicio que inició una causa por los delitos de “propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”; y “violar las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. ¿A qué se debe? A que en marzo de este año se alojó en Ezeiza a dos personas que venían de una alcaídia de la Ciudad y que finalmente fueron diagnosticados con coronavirus.

Lejos del planteo inicial que dio Cirigliano, la situación hasta ahora dentro de las cárceles que se ubican en el AMBA muestra un panorama bastante controlado, en relación a la cantidad de casos que se registran por coronavirus fuera de los centros de detención. Habrá que prestar atención a cómo se instrumentan estos ingresos desde las alcaídas de la Ciudad y cuales son los protocolos que se tomarán para que no se produzca un foco que pueda derivar en una complicación sanitaria.