El presidente Javier Milei volará esta noche a los  Estados Unidos y se quedará allí por lo que resta de mayo. El 1° de junio dará el presente en la renovación del mando de Nayib Bukele, el presidente de ultraderecha de El Salvador. 

Milei tiene previsto presenciar el acto de renovación del mando de Bukele en El Salvador, quien fue reelecto con el 85% de los votos por sobre Manuel Flores, aspirante del FLMN, y conquistó 58 de 60 diputados de la Asamblea Legislativa.

A pesar de que el mandatario salvadoreño no asistió a la ceremonia de asunción de asunción del presidente argentino en diciembre, envió a su ministro de Hacienda y Seguridad Pública, Héctor Villatoro. 

Milei y Bukele comparten un mismo ideario en lo que se refiere a la delincuencia y la seguridad. Mano dura y pocos derechos para quienes cometen delitos son las banderas que hacen flamear los dos mandatarios.

Aunque la realidad de los dos países es muy diferente: Bukele consiguió un apoyo masivo en su reelección por su combate a las bandas armadas que dominaron el país durante años, con uno de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Bukele decidió usar a efectivos del Ejército junto a la policías para realizar redadas masivas y arrestos de pandilleros, además de crear cárceles especiales oara alojar a los reclusos más peligrosos.

El sábado último, mientras Milei encabezaba un acto en solitario en Córdoba, las autoridades salvadoreñas desplegaron a más de 3.000 efectivos del Ejército y la Policía Nacional Civil en barriadas del centro del país para arrestar a jefes pandilleros.

Esta concentración de soldados y policías se da bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas, y a pocos días de que Bukele asuma un segundo mandato consecutivo.

Bajo el régimen de excepción, las autoridades llevaron adelante casi 80 mil arrestos y las organizaciones humanitarias han recibido más de 6,000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 240 muertes de detenidos bajo custodia estatal.

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), advierten que la violencia de las pandillas se ha visto sustituida por la estatal, ejercida por militares y policías en las comunidades empobrecidas e históricamente afectadas por el accionar de las maras.

“Nos preocupa profundamente el deterioro en el respeto y la protección de los derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele y la probabilidad de que esta tendencia se consolide durante su segundo mandato. En los últimos cinco años hemos observado la grave crisis provocada por un modelo de gobierno que promovió violaciones masivas de derechos humanos y la evasión de mecanismos de rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como internacional”, advirtió Amnistía.

“Su gestión gubernamental también se ha caracterizado por el ocultamiento y manipulación de información pública, la promoción de acciones destinadas a socavar el espacio cívico, la militarización de la seguridad pública y las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento masivo como únicas estrategias para combatir la violencia en el país, afectando desproporcionadamente a las personas en situación de pobreza”, agregó la organización.