“Fue Mauricio Macri quien no solo permitió la realización de esas tareas ilegales, sino utilizó esa información para tomar decisiones. En algunos casos esas decisiones tuvieron que ver con tener información adelantada sobre los reclamos que recibiría o las manifestaciones organizadas por las víctimas ante la visita del entonces Presidente a la ciudad de Mar del Plata; y en otras ocasiones, a mantener el seguimiento constante y sistemático de las medidas reivindicativas del colectivo de familiares que resulta víctimas de estas tareas ilegales.”

Una línea de responsabilidades y la imposibilidad de que se trate de agentes de la AFI sueltos. Esa fue la línea que llevó adelante el juez Martín Bava en el fallo de 171 páginas donde procesó a Mauricio Macri en el marco del espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.

“Realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público”, son los dos delitos que consideró que debían ser reflejados contra Macri.

El fallo se encarga paso a paso, de acuerdo a la reconstrucción que hizo el juez, de desarmar dos de las teorías principales que usaron las defensas: el famoso cuentapropismo y la excusa de la “seguridad” interior como forma de justificar los informes que la AFI hizo en la causa y quedaron plasmados. “Los informes de inteligencia que forman parte de esta resolución, no versan en lo absoluto sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional, ni hacen a investigaciones de delitos federales complejos. En cambio consistieron en el relevamiento, acumulación y/ o producción ilegal de información sobre familiares de la y los tripulantes de las embarcaciones hundidas ARA San Juan, “Rigel” y “El Repunte” que reclamaban al entonces gobierno Nacional por la aparición de sus allegados y justicia para el esclarecimiento de los hechos”, resaltó el magistrado Bava.

Quizás el punto que más dudas traía en tribunales tenía que ver con establecer la responsabilidad real de Macri en la cadena de espionaje. ¿Cómo demostrar que no era algo únicamente de los agentes infiltrados ni de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani? El juez repasó los informes de inteligencia que se elaboraron y a quién estaban dirigidos. En este caso, al por entonces Presidente de la Nación.

“La reunión de información respecto de estas personas (los familiares) no fue azarosa, ni se vio motivada en un cuentapropismo de los agentes de la Delegación y/o de una orden dispuesta solamente por el delegado de Mar del Plata o en tareas legalmente asignadas a la AFI como algunos imputados pretendieron instalar. Lejos de ello, queda comprobado en la presente resolución, cómo estas tareas ilícitas se enmarcan en un sistema de espionaje ilegal que posibilitó, utilizó y no hizo cesar el entonces Presidente de la Nación, en el cual se desarrollaron numerosos hechos de espionaje ilegal, dentro de los cuales el colectivo de familiares del ARA San Juan, adquiere una particular preponderancia”, consideró.

Cuando habló de utilización de la información, hizo hincapié en que se trataba de “información de inteligencia ilegal, producida en tiempo real para conocimiento del Presidente de la Nación”. Puso de ejemplos los datos que se recibían, que no eran cuestiones relacionadas a evitar una ruta cortada -algo atinente a la seguridad- sino que explicitaban posibles reclamos, datos personales, fotos y análisis de redes sociales. “Se ve que el contenido de los documentos apunta a informar los movimientos de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, en el momento del recorrido presidencial, a fin de que el entonces primer mandatario no se cruzara con ellos en su trayecto. Como dije anteriormente, el documento busca proteger la imagen del presidente, no su seguridad”, le agregó.

“El hecho concreto de que se haya espiado a las y los familiares tripulantes del submarino cuando estos iban a reunirse con el Presidente de la Nación, pero que no se haya tomado la misma determinación cuando Macri se reunía con diferentes personas; es un argumento concreto que ilustra cómo la infiltración en los reclamos de los 44 tripulantes respondió a un requerimiento puntual efectuado por el imputado”, consideró.

La estrategia de la defensa apuntará ahora a convencer a la Cámara Federal de que no hubo una responsabilidad y que ni siquiera existió un espionaje realizado de forma ilegal. El abogado de Macri cosechó derrotas hasta ahora: ninguna de las dos veces que intentó correr a Bava lo logró.

Sin embargo, hay todavía un as bajo la manga: la intervención de Casación. Dentro del esquema de revisiones, esa Cámara tiene ahora la posibilidad de sacarle a Bava la causa bajo el parámetro de la parcialidad que esgrimió la defensa. Comodoro Py también juega: la Cámara Federal ya le dio un guiño a través del juez Martín Irurzun, que parece inclinarse a la teoría de que nada de esto corresponde a Dolores.