Once de los magistrados que integran la Cámara de Apelaciones en lo Comercial divulgaron este miércoles un escrito donde cuestionan fuertemente al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, luego de que el funcionario anunciara que iba a pedir el juicio político de dos camaristas.

La polémica comenzó cuando la IGJ, a través de una serie de resoluciones, estableció la paridad de género en los directorios de las empresas. Eso fue cuestionado por compañias y el mes pasado, los jueces Eduardo Machin y Julia Villanueva dejaron sin efecto esa resolución. 

Sin embargo, Nissen insistió y a través de la Resolución General 12/2021 ratificó “la plena vigencia de todo lo dispuesto en las Resoluciones Generales no 34, 35 y 42/2020 de ese organismo”, a pesar del fallo judicial. En ese mismo escrito, dijo que lo actuado era “antijurídico, inválido y exorbitante” y que se iba a propiciar el pedido de juicio político.

Para once de los jueces (hay cuatro que no firmaron), lo que hizo Nissen “constituye un inocultable desconocimiento de la autoridad ejercida por jueces integrantes de esta Cámara Nacional de Apelaciones, toda vez que el acierto o desacierto de lo actuado por ellos, no puede ser juzgado, ni puesto en tela de juicio, por una resolución administrativa”.

En ese sentido, recordaron que “es principio recibido que las autoridades de toda jerarquía, sea nacional o local, no pueden trabar, turbar ni desconocer, en forma alguna, la acción de los jueces que forman parte del Poder Judicial de la Nación, debiendo cumplir con el deber de acatamiento que sobre ellas pesa”.

En el acuerdo extraordinario, los camaristas hicieron hincapié que la única forma de cuestionar decisiones judiciales es a través de los mecanismos legales previstos. 

“Es deber de esta Cámara reclamar y velar por la plena vigencia del orden institucional, que se halla sustentado en principios de justicia que se expresan públicamente en el equilibrio y respeto mutuo entre los poderes del Estado que no deben, ni pueden, verse comprometidos por actuaciones subalternas de funcionarios, que no preservan con su ejercicio, la necesaria calidad y jerarquía que exigen las relaciones entre el Poder Ejecutivo -de quien la Inspección General de Justicia depende- y el Poder Judicial de la Nación”, concluyeron los magistrados.

Enviaron una copia de su acuerdo a la Corte Suprema, a la IGJ y al Consejo de la Magistratura y manifestaron su rechazo “enérgico” a los actos que se apartan de “las atribuciones que el orden institucional consagrado por nuestra Constitución Nacional impone a cada poder del Estado”.

No es el único enfrentamiento que la Cámara Comercial tuvo que afrontar este año: cabe recordar que salió a cuestionar fuertemente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad cuando se pretendió intervenir como instancia de revisión de sus expedientes. Ese conflicto se hizo conocido porque el Grupo Socma quiso aprovechar y llevar sus cuestionamientos a ese tribunal (la Corte porteña) al que considera más permeable a sus peticiones.