La comisión de Juicio Político que encara desde inicio de febrero la investigación por los pedidos contra los 4 magistrados de la Corte Suprema tuvo su primera jornada probatoria. Entre los principales citados resaltaban dos jueces federales, uno de ellos, concentró todas las miradas del bloque oficialista.

“No señor”, dijo el juez federal Sebastian Ramos ante la pregunta del titular del bloque Frente de Todos, Germán Martinez, cuando le preguntó si “además de conocerlo, mantenía un vínculo sistemático con Marcelo D'alessandro o Silvio Robles”. Minutos después de negarlo, se filtraron nuevos chats en donde el ministro del gobierno porteño en uso de licencia mensajeaba con aparente cercanía con el juez. Ramos es quien archivó, en medio de la feria judicial, la causa por la filtración surgida del teléfono de D'alessandro.

El magistrado de Comodoro Py quedó como el gran apuntado del oficialismo tras la primera ronda de testigos. Además de citar al fiscal Carlos Stornelli, autor de la resolución que sustenta los argumentos de Ramos para archivar la causa, la estrategia oficialista se divide y empieza a ver qué corresponde hacer con el juez federal. Es que antes de cada testimonio se leen los alcances de la declaración al igual que en el Código Penal: “Será reprimido con prisión de uno (1) a cinco (5) años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

“La presidenta de la Comisión debería denunciar, juró decir la verdad y se le leyó el artículo”, consideró a este medio un diputado del oficialismo que sigue de cerca el juicio político contra los magistrados. Sin embargo, no es la única opinión y como casi todo en materia judicial, la biblioteca se divide.

Otras visiones aseguran que la defensa puede ahondar en el mismo argumento que viene sosteniendo la oposición en este tema. Van a decir lo mismo que vienen diciendo, que esa prueba del chat es ilegal. En el Frente de Todos consideran también que lo importante es que “lo estamos poniendo en evidencia”.

“Hay algo más grave, con ese nivel de vínculos, él se debería haber excusado del fallo que hizo en medio de la feria judicial archivando la causa”, sentenció a Data Clave un diputado oficialista de la comisión. “Está en serios problemas”, agregó sobre la situación de Ramos.

El tema es que el juicio contra un juez corresponde al Consejo de la Magistratura y no al Congreso ni a la comisión. Interpretan que no hay que mezclar las cosas y no apartarse del objetivo de esclarecer lo que se denunció en los pedidos contra la Corte. El falso testimonio hay que probarlo y el argumento contra los chats es que son falsos o que están editados, eso según el propio bloque Fdt hace complejo una posible denuncia por falso testimonio. “No hay que mezclar el Consejo de la Magistratura y las sanciones a Ramos con lo nuestro que es el juicio político”, apuntaron.

“Nosotros no vamos por Ramos, vamos por los posibles delitos de los jueces de la Corte”, cerraron desde el interior del bloque oficialista.