La Cámara alta realizó una nueva sesión mixta para darle media sanción al proyecto que ratifica el convenio de traspaso de los fondos para la seguridad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El oficialismo defendió la iniciativa del Ejecutivo y votó en soledad en el recinto luego de que la oposición se desconectara en rechazo al proyecto que criticó duramente durante todo el debate.

Para empezar el tratamiento del convenio por el traspaso de la policía a la Ciudad la senadora María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) defendió el criterio del Gobierno Nacional. "No se trata ni de odios, ni de revanchismos, se trata de recomponer lo que dice la Constitución Nacional en cuanto a la necesidad de disminuir la brecha que existe entre las distintas provincias, de trabajar con mayor solidaridad e igualdad", dijo Sacnun.

Por su parte, el cordobés Carlos Caserio (FdT) explicó que "la ley fija el gasto anual que demanda la transferencia de una parte de la policía federal al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo incorpora al Presupuesto Nacional". El senador oficialista por la Capital Federal, Mariano Recalde, esgrimió una defensa del proyecto en contra de los intereses de su distrito, calificó de “ilegal” el decreto de Macri que dispuso el aumento de la coparticipación y dijo que la iniciativa era un “acto de justicia”.

Desde la oposición, el senador Martin Lousteau (CABA), retomó el argumento del oficialismo y señaló que "transferir funciones pero no transferir la plata es una arbitrariedad de todo tipo, ponerlo en el presupuesto no garantiza nada. Esto es claramente inconstitucional y lo va a tener que resolver la justicia por la presentación que hizo la Ciudad", sentenció.

Por su parte, el titular del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (Formosa), fue directo a la disputa judicial y anticipó una derrota del Gobierno nacional. "Cuando no hay concertación y hay despojo unilateral y ruptura de reglas de juego democráticas en materia de federalismo fiscal, la Corte fallará a favor de las provincias", adelantó.

El proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo nacional contempla la aprobación de un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el traspaso de la policía y fija ese monto en unos $24.500 millones anuales, actualizables cada tres meses por un promedio entre aumentos salariales de la policía y el IPC.

Antes que este debate, hubo un nuevo capítulo en la disputa por la continuidad de las sesiones virtuales. Tal cual sucedió en la Cámara baja, la oposición reclama la posibilidad de empezar a tener sesiones presenciales. Por eso, propuso un modelo "rotativo" de sesiones en donde los senadores esperen en fuera del recinto el momento en que les toca el turno de la palabra. El oficialismo rechazó esta propuesta y en contrapartida habilitó la presencia de un número mayor de senadores en el recinto. Serán cuatro escaños más ocupados, el doble de los permitidos en las sesiones anteriores.

El nuevo modelo de sesiones quedó refrendado una vez más en una votación por unanimidad de un Decreto Presidencial de la Cámara que habilita al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio a designar a dos senadores por bloque para que se sumen a los cuatro que ya participan de las sesiones de manera presencial. La oposición se retiró de la votación reclamando un sistema "de rotación" que permita estar presentes a los senadores que lo requieran.

El otro de los proyectos que se puso a consideración es el de Economía del Conocimiento que ya tiene media sanción, el Frente de Todos aprobó con 41 votos el proyecto pero le introdujó cambios por lo que deberá volver a la Cámara de Diputados. La bancada peronista miraba de reojo una tendencia a las grandes empresas en el articulado votado en Diputados, la redacción final otorgará un rol más importante a las pymes y micropymes. "Se busca la promoción y darle lugar a que crezcan las pymes", aseguró el senador Carlos Caserio presidente de Presupuesto y Hacienda.

Los cambios más importante tienen que ver con la definición precisa de las actividades incluidas, un bono fiscal del 70% para cancelación de las contribuciones patronales de carácter intransferible y la exención del 60% del pago de Ganancias será únicamente para las pymes, mientras que para las medianas empresas será del 40% y para las grandes del 20%. Todo este paquete implica un esfuerzo de $18.000 millones por parte del Estado para promover a las empresas que combinan tecnología y conocimiento.