Ubicado sobre la Avenida De los Inmigrantes, en Retiro, el edificio donde se albergan la mayor cantidad de integrantes del fuero Penal Económico está justo a la vuelta del mediático Comodoro Py 2002. A pesar de la cercanía, los jueces y fiscales que integran el penal económico suelen jugar con un perfil mucho más bajo que el que manejan sus colegas de Federal.

Los juzgados en lo penal económico son actualmente once, luego de la unificación que se realizó en 2015 con el fuero penal tributario. Todo lo que implique contrabando de droga o de divisas; infracciones al Régimen Penal Cambiario, al Derecho Penal Aduanero y al Régimen Penal Tributario y Previsional y que suceda dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es parte de su competencia.

El fuero fue creado en noviembre de 1958 bajo el nombre de “juzgados de agio y especulación”. Recién un año después se estableció que la Cámara de Apelaciones y los juzgados creados por la ley 14.558 se iban a denominar “en lo Penal Económico”.

En 2020, el Gobierno presentó la reforma judicial donde propuso unificar los 12 juzgados federales de Comodoro Py con sus primos de penal económico. Como cada uno tiene dos secretarias, la idea era que se quedaran con una sola y la otra se convirtiera en un nuevo juzgado. Eso daría el número mágico de 46 juzgados federales dentro de la Ciudad que intervendrían en todo tipo de delitos. La reforma fue aprobada en el Senado el año pasado pero está estancada en Diputados ante la imposibilidad de alcanzar los votos necesarios.

Si bien Penal Económico no es tan mediático como Py, ha tenido causas de gran impacto y también varios escándalos entre sus integrantes: el juez Guillermo Tiscornia fue destituido en 2007; Julio Speroni renunció ese mismo año de manera obligada y Carlos Liporace fue condenado por beneficiar a la Curtiembre Yoma.

Dentro de Tribunales recuerdan todavía que el 22 de marzo de 1991, el por entonces juez en lo penal económico Enrique Lotero detuvo a Ricardo Darín en el marco de la investigación que se llevaba adelante por el contrabando de autos ingresados por una ley que permitía a los discapacitados comprar un vehículo importado sin pagar impuestos ni derechos de aduana. En ese momento se supo también que Susana Giménez ingresó al país un Mercedes-Benz bajo ese método. 

La causa por la valija con los 790.550 dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson quiso entrar al país en agosto de 2007 también tramitó en este fuero. El expediente sigue abierto aunque en 2016 el juez Pablo Yadarola ordenó el decomiso definitivo a favor del Estado y con fines sociales del dinero secuestrado.

Otro de las causas que generó ruido mediático fue la denominada “Manzanas Blancas”: 3300 kilos de cocaína en cajones de manzana que tenían como destino España. Con una condena a 20 años de prisión para el principal responsable, el empresario español Valentín Temes Coto, el expediente tuvo su cuota de drama. El hombre era pareja de una jueza nacional, María Gabriela Lanz, que incluso al comienzo de la investigación se había ofrecido como garante en el trámite donde Temes Coto buscaba su excarcelación.

Feria judicial y novedades explosivas

En Tribunales había generado intriga que se abriera la feria judicial para seguir con la tramitación de la causa por contrabando donde investigan a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y a otros ex funcionarios. Con la novedad de la Aduana como querellante y la incorporación de documentos que prueban irregularidades, la decisión parece más lógica.

La documentación en la causa será clave para establecer las responsabilidades penales y también la cadena de responsabilidades. Si hay un documento que pasó por Aduana y que fue adulterado, se hará foco en quién tomó la decisión y de donde vino. Si bien varios funcionarios macristas salieron a despegarse de la acusación, lo que hasta ahora resulta innegable es que se enviaron postas antitumulto y otros elementos que jamás regresaron al país. Ponen como ejemplo lo que sucedió con Chile: cuando se envió una misión por los conflictos sociales que atravesaba ese país, todo el armamento regresó intacto.

Esta semana, Bolivia reveló que encontró 30 mil “cartuchos 12,70 MM A/T” en un depósito policial de La Paz, lo que entra en contradicción con lo sostenido por el macrismo en su defensa pública. Si el material era para proteger a la Embajada argentina, ¿por qué terminó allí?