En un marco de tensión, el Gobierno nacional convocó para el próximo martes 27 de febrero a los gremios docentes con representación nacional y a los ministros de Educación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires para “iniciar los diálogos a fin de acordar el convenio marco nacional del salario mínimo docente”.  

Los sindicatos habían anticipado medidas de fuerza si no eran convocados antes del inicio de las clases. Finalmente, la reunión será un día después del previsto inicio del ciclo lectivo en gran parte del país y se llevará a cabo a las 18 en la avenida Leandro N. Alem 650, Piso 18 de la Ciudad de Buenos Aires.

La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano convocó a las partes que deberán, a partir del martes, sentarse a definir la paritaria nacional de los trabajadores de la educación.

En ese sentido, el Gobierno nacional estará representado por la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendel, las provincias deberán enviar a sus ministros o secretarios de las respectivas carteras educativas -quienes conforman el Consejo Federal de Educación- y los gremios docentes con representación nacional.

El martes el Gobierno anunció la posibilidad de declarar a la educación como “servicio esencial”, acto que limitaría la capacidad de los gremios para encarar medidas de fuerza.

En ese contexto, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) realizará este jueves un congreso, tras el cual comunicarán los pasos a seguir ante el inminente inicio de clases.

En los últimos días, el Poder Ejecutivo insistió -a través de su vocero, Manuel Adorni- que los sueldos docentes y sus aumentos corresponden a las negociaciones que puedan llevarse adelante en las provincias. “Es un problema de los gobernadores de cada provincia”, expresó el presidente Javier Milei al ser consultado por el tema en una entrevista radial. 

De la reunión del próximo martes participarán también como invitadas las agrupaciones representativas de las entidades educativas del sector de educación pública de gestión privada, aclararon las fuentes gubernamentales.