El Gobierno Nacional desistió de un recurso planteado ante la Corte Suprema por la administración de Alberto Fernández que pedía declarar “inconstitucional” la reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada el año pasado por el exmandatario provincial Gerardo Morales. Una decisión que constituye un gesto político por parte de la gestión del presidente Javier Milei en medio de las negociaciones que se desarrollan entre el oficialismo y la oposición para sancionar la Ley Bases, que ayer comenzó a ser debatida en comisión en el Senado.     

Así, mediante un texto enviado al máximo tribunal, el Ejecutivo pide que se deje sin efecto ese recurso lo que implicaría convalidar la Constitución jujeña que se reformó el año pasado en medio de protestas sociales y hechos de violencia institucional por parte del gobierno de Morales, que también habían sido denunciados por la Secretaría de Derechos Humanos que entonces encabezaba Horacio Pietragalla Corti. Sólo resta ahora esperar que la Corte archive el reclamo y se validará el texto normativo de esta provincia del norte argentino.  

En junio del año pasado, una Convención Constituyente presidida por Morales introdujo cambios en la Carta Magna provincial que introducía normas que sancionaban el derecho a la protesta y las potestades de las comunidades originarias.

La sesión que consagró la norma se produjo en medio de serios incidentes, que dejaron un saldo de 58 detenidos y 70 heridos a manos de las fuerzas policiales de la provincia.

El Gobierno de Alberto Fernández planteó que la reforma constitucional en Jujuy había generado una “gravedad institucional" que había puesto “en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan".

La presentación de la administración del Frente de Todos (FdT) recordaba que organismos Internacionales de derechos humanos, "con los cuales la República Argentina tiene compromisos asumidos, ya se han expresado sobre la reforma constitucional de la provincia de Jujuy y sobre los gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma".

La demanda gubernamental afirma que "el inciso 4° del artículo 67 de la Constitución jujeña contiene prohibiciones incompatibles con nuestra Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos", al indicar que dicho inciso sienta las bases para la sanción de un reglamento represivo -por parte del gobierno de turno- que limite los derechos de reunión, protesta y huelga, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

El escrito presentado a la Corte también solicitaba que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 94 y 95 de la nueva Carta Magna jujeña, al considerar que durante el procedimiento de reforma de la Constitución provincial "se omitió la debida consulta a los pueblos indígenas interesados, en relación a diversas cuestiones que los afectan en forma directa".

Los aspectos más cuestionados del texto constitucional tenían que ver con la prohibición de cortes de calle y rutas; una modificación del régimen sobre propiedad privada y un capítulo referido a la propiedad colectiva de las comunidades originarias que era fuertemente cuestionada por los pueblos indígenas de la provincia.

La aprobación de la Constitución jujeña se logró mediante un acuerdo alcanzado entre la UCR y el PJ en el que se eliminaron algunos puntos contemplados en la propuesta original que impulsaba Morales como la eliminación de las elecciones de medio término y nuevas mayorías para la Legislatura local.

Pese a que Morales fue objeto de reiteradas críticas y comentarios negativos por parte de Milei en las redes sociales e intervenciones públicas, el hecho de desistir de este recurso ante la Corte significa un guiño a la UCR, cuando la Ley Bases comienza a discutirse en la Cámara alta.

Sin embargo, de los tres senadores que representan a Jujuy en el Senado, dos responde a La Libertad Avanza (LLA) y el restante a Unión por la Patria (UxP), que seguramente votará en contra de esta iniciativa.