En qué países existe una "Ley del Odio" y cuál es el proyecto que analiza el Gobierno

Tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un sector del Gobierno analiza enviar un proyecto al Congreso de la Nación para discutir una "Ley del odio", con la intención de "capacitar contra el odio" y "morigerar" los discursos o conceptos que se emiten en los medios de comunicación.

Si bien la portavoz de la Casa Rosada Gabriela Cerruti negó esta posibilidad, algunos actores del Frente de Todos ya hablaron públicamente sobre esta posibilidad. El senador oficialista por Formosa, José Mayans, dijo en Radio con Vos que el presidente Alberto Fernández "trabaja en una consulta con gente constitucionalista y profesionales de derecho" para avanzar en esta iniciativa.

"Él me dijo que, en un Estado de Derecho, hay que ver cómo la democracia puede cuidar el honor de las personas y evitar que haya mensajes extremadamente violentos o que inciten a la violencia, provenientes de, por ejemplo, los grupos neonazis. Esa es la parte que tenemos que resolver, me explicó", señaló.

Y agregó: "De ninguna manera quiere que no haya libertad de prensa o una ley de mordaza. Quiere respetar la Constitución y al periodismo. Me dijo que van a trabajar para alcanzar una democracia que realmente cuide a las personas y donde los violentos rindan cuentan a la sociedad de lo que están haciendo".

En ese marco, una de las personas que está trabajando en la Cámara de Diputados para avanzar con esta iniciativa es el oficialista Eduardo Valdés, con buen vínculo tanto con el kirchnerismo como con el jefe de Estado. El legislador confirmó en El Destape Radio que están trabajando en una "Ley Micaela contra el odio" para frenar algunos discursos que, para ellos, son considerados de odio.

"Estamos en lucha contra el país del odio que quiere fomentarse desde algunos medios. Con mi equipo nos pusimos a trabajar en una Ley Micaela contra el odio. Creo que hay que hacerlo a conciencia. Espero que la iniciativa sea acompañada por oficialistas y opositores", manifestó.

En qué países se aplica la Ley de Odio

En los últimos días el ejemplo que más se mencionó en los medios de comunicación es la ley que aplicó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su país, acusando a la oposición de querer "atentar" contra los intereses de la población.

La primera medida que tomó el Gobierno venezolano fue en 2005 durante la gestión de Hugo Chávez, donde entró en vigor la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la cual fue reformada en 2010. Según las intenciones de esta Ley, el objetivo es "establecer la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, sus relacionados, los productores nacionales independientes y los usuarios en el proceso de difusión y recepción de mensajes".

Siete años más tarde, con Maduro en el poder, Venezuela promulgó la Ley contra el Odio, la cual profundiza aún más el accionar de la Justicia contra los medios de comunicación y a la que, muchos opositores, la consideran una ley que silencia críticas de medios, dirigentes políticos y hasta de los ciudadanos.

"En Venezuela tenemos una ley contra los crímenes de odio. Ningún medio tiene prohibición en Venezuela, pero hay reglas porque los mensajes de odio tienen límites en medios y redes", dijo Maduro en Radio 10.

En Cuba existió una situación similar con Fidel Castro a fines de la década del 90. El fallecido revolucionario, en sus tiempos de conducción al mando de la isla caribeña, aprobó una ley que establecía penas de prisión contra los medios de comunicación y ciudadanos que respaldaran las sanciones de Estados Unidos contra su territorio.

Pero más allá de las extremas izquierdas, en Europa también existieron proyectos que tuvieron como objetivo frenar discursos de odio, en especial los que se viralizan en las redes sociales y que apuntan contra neologismos extremos como el nazismo.

En el año 2017, Alemania y la Unión Europea sancionaron una "Ley contra el odio en Internet" que obliga a las plataformas digitales como Facebook, Twitter y YouTube, entre otras a eliminar mensajes con “contenido delictivos” en un plazo de 24 horas. De no hacerlo, las mismas se verían obligadas a enfrentar multas de hasta 50 millones de euros. El primer tuit eliminado había sido el de la diputada Beatrix von Storch, del partido ultraderechista AfD.

El ministro de Justicia de ese entonces, Heiko Maas, había subrayado que con la ley se acababa con la "ley verbal del más fuerte" en la red y agregaba que, lejos de atentar contra la libertad de opinión, constituye una de las condiciones para poder ejercerla.

Por último, y volviendo a la región, otro país que tiene una iniciativa parecida a la de Venezuela es Bolivia. El país que actualmente gestiona Luis Arce cuenta con la "Ley de Imprenta", la cual tiene un sistema que protege a los asuntos periodísticos de la justicia ordinaria. Sin embargo, la misma fue dejada de lado cuando se quiso avanzar aún más con la implementación de penas a los periodistas por sus dichos.