Luego del rechazo al mega decreto del presidente Javier Milei en el Senado y los borradores que circularon sobre una nueva Ley Bases, este sábado se presentó un nuevo proyecto de privatizaciones. El caso es que esta vez, la iniciativa es de un espacio opositor, que hasta acá ha sido crítico del Gobierno.

Los diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de Ley para privatizar 25 empresas del Estado de distintos sectores, entre los que se incluye Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, y Radio y Televisión Argentina. También propone un esquema público privado para Banco Nación, Nucleoeléctrica y Arsat, entre otras.

Además, se propone crear una Sociedad Administradora de Empresas del Estado para agrupar a las empresas que no se privatizan, con el objeto de mejorar la eficiencia, integridad, administración, transparencia y reglas de buen gobierno, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE.  

“La Argentina no necesita un Estado enorme, sino un Estado inteligente, que no genere desequilibrios macroeconómicos que perjudiquen a los ciudadanos”, señalan los legisladores de la CC. “Lo importante no es que las empresas sean públicas o privadas, sino que lo central es brindar servicios de calidad para todos los argentinos al menor costo posible”, agregan. 

“Desde hace muchos años, prácticamente todas las empresas vienen cerrando sus cuentas en rojo y necesitan abundantes subsidios que surgen de impuestos que pagamos todos. De hecho, los subsidios durante el año 2023 sumaron $2,3 billones”, afirman.

“El ranking de mayores subsidios lo encabeza ENARSA, le siguen AYSA, Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. A pesar de los números en rojo, durante los últimos años las empresas se dieron el lujo de aumentar su personal”, sostienen desde la CC.

La Coalición Cívica también propone mejorar el proceso de privatización eliminando la contratación directa, por lo que las privatizaciones deberán ser llevadas a cabo solo mediante licitación pública, remate público, o venta de acciones en la bolsa.  

También pide la colaboración de la SIGEN, la AGN, y la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, para que se garantice un proceso transparente, competitivo, y anti privilegios.