La Coalición Cívica (CC) volvió a cuestionar el manejo del programa Potenciar Trabajo y los convenios celebrados por el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa Paz.

“Son convenios en los que la Secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico, se compromete a hacer transferencias de dinero a cooperativas, fundaciones, asociaciones y federaciones”, explicaron desde el espacio liderado por Elisa Carrió y afirmaron que se trata de un “festival de dinero discrecional que las organizaciones sociales usan para su desarrollo político y territorial”.

Meses atrás, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal intimó a Tolosa Paz a brindar información sobre los convenios celebrados por la Secretaría de Economía Social con cooperativas y asociaciones que forman parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA., una organización vinculada de manera directa al Movimiento Evita.

Esta información fue publicada en un sitio web llamado “No usar a los pobres”, donde los dirigentes de la CC denunciaron que "Pérsico no es solamente el Secretario de Economía Social de la Nación, sino que también es el líder político de la organización social más grande: el Movimiento Evita” y que obtuvo más del 55% fueron convenios celebrados.

La cifra destinada a Movimiento Evita desde la Secretaría de Pérsico con su firma a través de convenios rondaría los 15 mil millones de pesos y 7 mil millones de esos recursos fueron a entidades que forman parte de la Federación, según la denuncia. “Con el ingreso de las organizaciones sociales al Ministerio de Desarrollo Social ha cambiado la lógica de este tipo de programas y se ha convertido en una repartición de los beneficiarios y de los convenios discrecionales y orientados al desarrollo político de las organizaciones. Es la consecuencia directa de tenerlos de ambos lados del mostrador, otorgando, recibiendo y controlando el dinero público”, afirmaron en un comunicado.

Por esta situación, la CC realizó varias presentaciones ante la Oficina Anticorrupción y una denuncia penal, que tramita ante en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti.

“Se puede hacer distinto. Necesitamos hacerlo distinto. Terminar con la intermediación y lograr la inclusión efectiva a partir de la terminalidad educativa, formación para el trabajo y dar una primera experiencia laboral. El plan debe enfocarse en garantizar autonomía y libertad”, expresó el legislador porteño y miembro de la Mesa Nacional de la CC- ARI, Hernán Reyes

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