Llegó la factura: gobierno intimó a los gremios a pagar el operativo por la movilización del 27D
El Ministerio de Seguridad envío una carta a documento a sindicatos nucleados en la CGT y otras organizaciones sociales. El monto asciende a casi $40.500.000. La central obrera emitió un comunicado y consideró que la medida es “ilegítima y contraría a la Constitución Nacional”.
El Ministerio de Seguridad de la Nación intimó este jueves a sindicatos nucleados en la CGT y otras organizaciones sociales que participaron de la movilización del 27 de diciembre a abonar casi $40.500.000 en concepto de “pago solidario” por “los costos operativos que se emplearon para hacer cesarlos actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público”.
La carta a documento le llegó a los apoderados de los gremios y da un plazo “perentorio” de diez días hábiles de recepcionada la misma.
“Quién avisa no traiciona” dice el dicho, y resulta que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando presentó el protocolo anti-piquetes señaló que “todos los costos del operativo se le enviará la factura a las organizaciones. El Estado no pagará esos costos”.
Los sindicatos y organizaciones sociales que fueron responsabilizados e intimados a pagar son: la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra); la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); a la Asociación Civil Polo Obrero; al Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y a la Izquierda Socialista; la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna); la Unión Obrera de la Construcción (Uocra); a las dos CTA; la Conadu Histórica y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).
La CGT no se quedó callada y salió a cruzar al gobierno de Javier Milei por dicha medida, la cual consideró como una afrenta “ilegítima y contraría a la Constitución Nacional”.
A través de un comunicado, la central obrera aseguró que es “un nuevo intento” de “acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva de toda la historia democrática de nuestro país”.
Asimismo, expresó que “la Confederación General del Trabajo no representa los intereses de ‘una casta’” sino de los trabajadores que “tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y huelga”.