El Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Investigación Financiera y la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos alegarán el próximo miércoles en el juicio oral y público que se sigue a los hermanos Save, hijos de un exintegrante de la banda del parapolicial Aníbal Gordón. Están acusados por lavado de activos y la adquisición fraudulenta de un campo en la ciudad de Chascomús, que se realizó con dinero robado a un detenido desaparecido que estuvo secuestrado en el centro clandestino de detención conocido como “Automotores Orletti”.

Los acusados son María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save, hijos del fallecido Leonardo Miguel Save, un represor que supo ser parte de la organización delictiva que lideró Gordón en los años ’70, y que cometió varios crímenes de lesa humanidad que fueron probados en la justicia en diversas causas.

Los hijos de Save están acusados de incorporar al circuito legal dinero que había sido robado al militante uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez, secuestrado en octubre de 1976 en Buenos Aires. A este integrante del Partido de la Victoria del Pueblo (PVP) le habrían sustraído entre dos y ocho millones de dólares, que habrían sido lavados mediante escrituras falsas y boletos de compra-venta adulterados, en maniobras que se realizaron, al menos, desde 1999.

“Se trata del primer juicio de lesa humanidad en el que se juzga un caso de lavado de activos relacionado con el plan sistemático de exterminio que se aplicó en la dictadura. Por eso nos parece importante lograr una condena”, señaló en diálogo con Data Clave Verónica Bogliano, abogada a cargo de la querella que sigue la provincia de Buenos Aires en esta causa.     

Mechoso Méndez, exilado en Argentina desde 1973, fue visto por última vez en Orletti y mediante torturas le arrebataron los fondos de la organización política que tenía en su poder. Su captura, desaparición y posterior asesinato se llevaron a cabo en el marco del denominado “Plan Cóndor”, la coordinación represiva orquestada por las dictaduras militares del Cono Sur en el año ’70.

La instrucción de esta causa comenzó en 2013, y estuvo a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien estableció que en el secuestro de Mechoso Méndez también intervino el militar uruguayo José “Nino” Gavazzo, quien pudo quedarse con una parte del botín. Una conjetura que no pudo confirmarse en la elevación a juicio.

Los asesinos de Mechoso Méndez arrojaron su cuerpo a un canal de San Fernando y en 2009, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó sus restos.

Con el dinero apropiado, Gordón y Save compraron un campo en Chascomús para establecer un barrio privado, pero una disputa con integrantes del Ejército impidió que esa operación se concretara.

En las audiencias del juicio, declararon trabajadores rurales que en esa época realizaron tareas en ese campo y contaron que grupos de tareas los secuestraron y torturaron en la Comisaría Primera de Chascomús. Las detenciones de esos empleados fueron ordenadas por orden del coronel Ramón Camps, entonces jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Tras unos días de cautiverio, los trabajadores comenzaron a ser liberados, y les dijeron que habían estado haciendo tareas en un campo que era de la gente de la SIDE. Durante años, hubo rumores que sostenían que en esos terrenos había cuerpos NN enterrados, pero en la instrucción de la causa no pudo probarse.

Años después, tras el fallecimiento de Save, sus hijos, sabedores, del origen del dinero con el cual se adquirió ese campo, comenzaron a realizar operaciones tendientes a “blanquear” el usufructo de esa propiedad, según la hipótesis que trabajan las querellas y la fiscalía.

Por el delito que se les imputa a los hermanos Save podrían corresponderles una pena de hasta diez años de prisión. El juicio se desarrolla en los tribunales federales de Mar del Plata y está a cargo del juez Roberto Falcone, quien conduce el debate de forma unipersonal. La acusación está a cargo del fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi y la provincia de Buenos Aires querella a través de su Subsecretaría de Derechos Humanos. Fuentes ligadas a la causa estimaron que, a mediados de mayo, podría haber un veredicto en este proceso de lesa humanidad.

De delincuente común y custodio de organizaciones sindicales, Aníbal Gordón cultivó desde los años ’60 una fama de pesado que le permitió sumarse en la década siguiente a las filas de la organización parapolicial de la Triple A, donde inició un prolífico derrotero delictivo como agente inorgánico de la SIDE en la denominada “lucha antisubversiva”.

Conocido como “el coronel”, “el jovato” o “el exquisito”, en función de las habilidades que sus secuaces le reconocían en las mesas de tortura, Gordon se convirtió en una pieza clave de la maquinaria orquestada en Orletti, por donde pasaron militantes uruguayos, chilenos, bolivianos y paraguayos capturados en Argentina en medio del desarrollo del Plan Cóndor.

Su nombre adquirió notoriedad en agosto de 1983, cuando una patota que capitaneó secuestró al dirigente nacionalista Guillermo Patricio Kelly, a quien debieron liberar en medio de las repercusiones que esa captura produjo en la opinión pública.

En 1984, tras el retorno de la democracia, una comisión policial detuvo en una casa de las sierras de Córdoba a Gordon, que era buscado por varios delitos. Tres años después, el represor murió en la cárcel, enfermo de cáncer de pulmón.