El diputado provincial salteño Gustavo Orlando Orozco, siguió los pasos de Luis Patti, el ex subcomisario de la policía bonaerense que fue intendente de Escobar, candidato a gobernador y diputado electo, pero quien no pudo asumir su banca por sus delitos como represor durante la dictadura, por los cuales fue condenado a prisión perpetua en 2011.

Orozco, también ex policía de la provincia de Salta, inició una carrera política de la mano del empresario sojero Alfredo Olmedo, el hombre que se hizo famoso por su campera amarilla, y consiguió convertirse en legislador provincial por la localidad de Rosario de la Frontera en 2017, aunque ahora su futuro se presenta sombrío: tiene tres pedidos de desafuero por causas en trámite y según dijo analiza pedir una licencia a partir de la semana próxima.

Como a Patti, a Orozco lo persiguen su pasado y la Justicia, donde tiene tres causas en trámite: dos por su actuación policial, en las que se lo acusa de torturas, y otra de apenas hace un año, ya como legislador, cuando amenazó de muerte a un vecino.

“Nosotros no somos como los Orozco”, canta León Gieco. Así lo deberán demostrar los legisladores salteños al votar el desafuero del colega, para que pueda ser indagado en las dos causas en las que se lo encuentra imputado.

El pedido de desafuero más reciente es de apenas hace unos días y lo cursó el juez de Garantías N° 2 de Metán, Mario Dilascio, quien dispuso solicitar esa medida a la Cámara de Diputados antes de remitir la causa a juicio contra Orlando por amenazas de muerte.

“De acuerdo a la denuncia de G.D.O. el 28 de julio de 2021 escuchó que golpeaban las manos y cuando salió lo encontró a Orozco que cuando lo vio le dijo “te voy a golpear en la calle cuando te agarre, te voy a matar cuando te encuentre”, consigna el pedido de desafuero.

El denunciante le replicó “yo no quiero pelear aquí en mi casa, hacé lo que vos quieras cuando me encuentres en la calle, sólo a solas. No me agarres con patota en la calle” a lo que Orozco respondió con el gesto de meter su mano en la cintura como haciendo el ademán de sacar un arma y luego le dijo: “hijo de puta no te vas a escapar de mí. Te voy a cagar matando, retirándose luego del lugar”, agrega.

También durante la semana que pasó, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, solicitó la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro, para Orozco y otras once personas por delitos cometidos cuando se desempeñaban como efectivos de la Policía por un hecho ocurrido en 2015.

A todos ellos, se los acusa de imposición de torturas, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias, vejaciones agravadas y apremios ilegales, cuando se desempeñaban en la fuerza de seguridad provincial. Por ese motivo el fiscal González también requirió el desafuero del legislador provincial.

Por el caso de 2015, en el que la víctima era un menor, se describió que la metodología consistía en llevar a los detenidos a revisión médica, para luego infringirles torturas, como la colocación de bolsas plásticas en la cabeza, piñas en las costillas, rodillazos en el pecho, meterles la cabeza en el inodoro y tirar la cadena, y hacerlos observar cómo torturaban al otro preso.

Pero además Orozco acumula otras denuncias por su actuación policial que aún se encuentran en plena investigación. Durante el mes de mayo, el Ministerio Público Fiscal de Salta ratificó que efectivamente son 35 las denuncias en contra del legislador provincial.

Días atrás, Orozco dijo que es víctima de una campaña política. En diálogo con Radio Nacional Salta, aseguró: “No tengo dudas que el objetivo es sacarme de carrera para que no me presente como candidato a gobernador en 2023”.