El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, recibió un revés judicial, luego de que el juez federal Sebastián Casanello lo procesara, sin prisión preventiva, en una causa donde se investiga la ampliación de los plazos de los contratos de concesión de forma ilegal e irregular.

Se trata de una causa por la supuesta maniobra para favorecer a las firmas concesionarias, en la que también están implicados el ex jefe de jurídicos de Vialidad, Ricardo Stoddart y el ex director ejecutivo del Occovi, Pablo Belenky,

"La valoración efectuada precedentemente permite concluir que Javier Iguael, con la asistencia de Stoddart y Belenky, se interesó en los contratos de concesión analizados en miras a beneficiar a las empresas concesionarias, actuando de manera contraria a la prevista normativamente", indicó Casanello.

El juez destacó el rol de Iguacel como funcionario público, quien "se encontraba obligado al fiel cumplimiento de una serie de deberes y pautas de comportamiento establecidos en la Ley de Ética Pública (25.188): cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten".

La denuncia fue impulsada por Ana María Graciela Aleña, en su carácter de Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, por las concesiones extendidas de forma presuntamente "irregular" a diferentes firmas, entre las que se encuentra IECSA, en su momento vinculada a la familia del expresidente Mauricio Macri.