Durante el lanzamiento del Plan Bandera para combatir el narcotráfico en Rosario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció además que enviará al Congreso un proyecto de ley para perseguir a las organizaciones criminales, que toma como modelo como una iniciativa norteamericana que se conoce como Ley Rico.

"Vamos a trabajar en una ley similar a la Ley RICO norteamericana", aseguró Bullrich, al tiempo que aclaró: “Se trata de una ley que hace que cuando uno sabe perfectamente que una persona pertenece a una organización, el delito recae sobre todos sus miembros”. 

Se trata de la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como por su abreviatura en inglés RICO, que fue aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa.

La ley RICO define una "empresa" como cualquier persona física, entidad comercial, asociación, sindicato o grupo de individuos. Está codificada bajo el Capítulo 96 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, que se ocupa de delitos federales y del procedimiento penal. 

También permite a los fiscales federales acusar a un miembro de una organización por haber ordenado un delito, aunque no se haya concretado. Por ejemplo, en la actualidad se usó para acusar al expresidente Donald Trump por tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020, en el estado sureño de Georgia.

En un principio la ley fue utilizada para combatir la extorsión o el chantaje, en especial contra el sindicato de camioneros. Con el tiempo, se usó también para perseguir a jefes de la Mafia o de organizaciones de carteles de drogas.

Según dijeron en el Ministerio de Seguridad, desde que comenzó a ser implementada, su campo de acción ha sido más amplio de lo previsto. Actualmente la RICO enumera 29 delitos federales y ocho estatales. Algunos de los más determinantes son:

Cualquier violación de las leyes estatales en contra de los juegos de azar, el asesinato, el secuestro, la extorsión, incendio, robo, el soborno, el tráfico de material obsceno, o la negociación de una sustancia controlada o químico listado; cualquier acto de soborno, la falsificación, el robo, la malversación, el fraude, obstrucción de la Justicia, la esclavitud, la extorsión, el juego, el lavado de dinero, la comisión de asesinatos a sueldo.

En rigor, casi todos estos delitos ya se encuentran castigados en el Código Penal. La ley también contempla la malversación de fondos sindicales; fraude de quiebra o fraude de valores;
el tráfico de drogas, a largo plazo y las redes de drogas elaboradas también pueden ser procesados mediante el Estatuto de empresa criminal; infracción de derechos de autor penal;
el lavado de dinero y delitos conexos; traer, prestar ayuda o asistencia a los extranjeros para entrar ilegalmente en el país; actos de terrorismo.

Según se explicó un miembro de una empresa criminal que haya cometido al menos dos de estos 37 delitos, dentro de un plazo de diez años, puede enfrentar cargos como el de extorsión criminal, el cual conlleva una pena que va desde una multa de u$s25.000 hasta 20 años de prisión.

Toda persona convicta de este delito pierde el derecho a disponer de los fondos y de sus intereses, obtenidos como resultado de dicha actividad criminal. Asimismo, bajo esta ley, una persona que ha sido afectada por extorsión criminal puede presentar una demanda por daños y perjuicios y ser acreedora a una indemnización de hasta tres veces las pérdidas reales sufridas.

Además, las propiedades de la persona que comete el delito son embargadas por el Gobierno de los Estados Unidos.