Javier Milei ganó la elección presidencial y deberá encarar un mandato repleto de desafíos políticos entre los que se encuentran gobernar en absoluta minoría parlamentaria. En ese marco, un ex funcionario de Carlos Menem, miembro de los “Tres Mosqueteros”, encargados de la llamada Ley Ómnibus y de Reforma del Estado a principios de los años 90, está asesorando al libertario para realizar la transformación de toda la administración pública que está dentro de las reformas de primera generación. 

El referente de esta iniciativa es Armando Guibert secretario que se fue del gobierno peronista en 1997, a menos de un día de un importante anuncio del plan de obras que realizó el presidente riojano. Su desembarco en el área de Obras Públicas había sido de la mano del ministro de Economía, Roque Fernández, antes había trabajado en el equipo de Domingo Cavallo.

El paquete que prepara sería uno de los primeros pasos legislativos del gobierno de La Libertad Avanza y podría contener “una nueva ley de privatizaciones de empresas públicas” que según entienden los técnicos libertarios le cuestan cerca de 1 punto del PBI al Estado (alrededor de cinco mil millones de dólares al año). 

Entre las medidas que ya deslizó a los medios Milei en sus primeras horas como presidente electo, adelantó intenciones por la privatización de YPF donde ya se rumorea como funcionario a cargo, a Horacio Marin, un experto en la producción de hidrocarburos como futuro CEO para ocupar el cargo que hoy tiene el santacruceño Pablo González. También podría sumarse Matías Tamburini, un ex funcionario del Deutsche Bank para manejar la delicada situación económico-financiera de la empresa.

“El objetivo es privatizar todas las empresas del Estado que puedan generar pérdidas como YPF, AYSA, Aerolíneas Argentinas y los medios públicos como Télam, Radio Nacional y Canal 7”, aportó uno de los voceros del espacio en diálogo con Data Clave.

En el parlamento, LLA tendrá el primer escollo de gobierno en términos políticos. En un panorama de absoluta desventaja numérica, el libertario debe confirmar quien presidirá la Cámara de Diputados para que luego se acomodan las fichas, tanto en el peronismo como en Juntos por el Cambio.

El rol del “articulador” en la Cámara baja será clave para saber con cuantas voluntades arranca el poroteo de cualquier iniciativa profunda que quiera sancionar. Luego, el segundo paso será sortear el fortalecimiento de Unión por la Patria en el Senado. La duda recae en la unidad del peronismo y el peso que puedan tener los gobernadores en las negociaciones con el Poder Ejecutivo. Un escenario que por ahora no tiene gestos.

Decálogo menemista que desarticuló el Estado

La Ley de Reforma del Estado (formalmente, Reforma del Estado, Ley N.º 23 696) fue una ley aprobada en agosto de 1989, durante el gobierno de Menem. La norma autorizaba al presidente a proceder con la privatización de un gran número de empresas estatales y a la fusión y disolución de diversos entes públicos.​

La iniciativa fue impulsada por el Partido Justicialista y sus aliados, entre ellos la U.Ce.De., que apoyaron en gran medida su aplicación por el gobierno menemista. El ingeniero Álvaro Alsogaray -prócer de la derecha argentina- sostenía por aquel entonces que “achicar el estado es agrandar la Nación”.

Privatizaciones: Menem, Cavallo, Duhalde y Dromi "Decalogo Menemista"

El ministro a cargo de aquella monumental transformación fue Roberto Dromi, que justificaba la necesidad de la ley de la siguiente manera:​

“Las privatizaciones tenían varios objetivos. Uno era obtener recursos para paliar el déficit fiscal y poder equilibrar el presupuesto del Estado, porque con eso era posible un mecanismo de convertibilidad. Otro era dar eficiencia a los servicios públicos, requiriendo a los inversores una mejor prestación que la que brindaba el Estado. Otro era plantearle a los inversores compromisos importantes de inversión, y esto se puede ver en casi todas las privatizaciones de los servicios públicos”.