En 2015, Carlos Arroyo se convirtió en intendente de General Pueyrredón, el municipio que contiene a Mar del Plata. Lo hizo con una victoria una victoria imponente de más de 11 puntos de diferencia con el entonces intendente Gustavo Pulti.

Arroyo, que integraba Cambiemos, se convirtió en mandamás local con el 47 por ciento de los votos. Algo que revalidó en 2017 estirando la diferencia a 21 puntos con su principal competidor en las elecciones intermedias. Pero hubo algo que se quebró. Y no solo con la gente.

Las diferencias entre el jefe comunal y la entonces gobernadora María Eugenia Vidal comenzaron a finales de 2018, cuando Arroyo empezó a darse cuenta que Cambiemos no era la mejor opción para el 2019.

El punto más frágil de la relación se dio en diciembre de ese año cuando antes de que la gobernadora llegara a un acto para inaugurar playas públicas a nivel local, el jefe comunal tomó la decisión de irse y dejar plantada a Vidal. “A mí nadie me da órdenes en mi propia ciudad”, aseguraba entonces.

La bronca de Arroyo tenía sus motivos. Vidal ya había salido a “bancar” al actual intendente Guillermo Montenegro; la ahora funcionaria local, Vilma Baragiola; el candidato a gobernador, Maxi Abad; y Lucas Fiorini, quien en ese momento era senador bonaerense de Cambiemos y luego pegó el volantazo para el Frente de Todos.

Pese a ser intendente, Arroyo se quedó sin apoyo y tuvo que salir a enfrentar las elecciones de 2019 por afuera de Cambiemos, con su sello local: Agrupación Atlántica. Y protagonizó la peor elección en la historia de un intendente en ejercicio al cosechar el 3.81 por ciento y quedar en el quinto lugar.

A tres años de ese suceso, hoy la agrupación no cuenta con ningún tipo de representación local y la Junta Electoral ya le dio un ultimátum para que actualice el número de afiliados ya que en 2021 ni siquiera se presentó a elecciones. Si no consigue dar con el mínimo el partido desaparecerá.

Cabe recordar que Arroyo presentó el año pasado una demanda millonaria contra la ciudad para cobrar las vacaciones que no pudo tomarse durante su tiempo como intendente. Según el actual jefe comunal, Guillermo Montenegro, esto “le causaría un perjuicio económico directo a cada uno de nuestros vecinos que abonan todos los cargos con el pago de sus impuestos" por lo que el mandamás le denegó el beneficio a través de un decreto.

No duró mucho ya que la semana pasada, la Justicia lo anuló y ordenó que se le abonen las sumas reclamadas. Lo mismo había sido resuelto anteriormente para el caso de otros seis exfuncionarios y esa decisión ya fue confirmada en segunda instancia.

La decisión con respecto al reclamo sostenido por el exintendente Arroyo fue tomada por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2, Marcelo Fernández, quien dispuso declarar nulo el decreto firmado por Montenegro en febrero de 2021 en el que rechazó el pedido de pago de vacaciones no gozadas al considerar que se incurriría “en un abuso desmedido” si se permitiera “que los ex funcionarios dejen de gozar de sus licencias para luego cobrar indemnizaciones exorbitantes”.