Radicales niegan acuerdo con el Gobierno por fondos para las universidades: presionan con sesión en Diputados
El ministerio de Capital Humano aseguró que alcanzó un acuerdo con senadores de la UCR por el financiamiento de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas. Fuentes del radicalismo lo niegan y advierten que jamás fueron citados por el Gobierno. Crece el malestar del resto de las instituciones por la discrecionalidad que existió con la UBA y toma fuerza el segundo paro que convocaron los docentes.
El Gobierno, a través del ministerio de Capital Humano, anunció un acuerdo con el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) para la asignación de fondos específicos para el funcionamiento de las universidades públicas. Sin embargo, desde el radicalismo niegan este encuentro y crece el malestar.
La cartera que conduce Sandra Pettovello emitió un comunicado que se titula “El financiamiento de las universidades públicas nacionales está garantizado” y, en su primer párrafo, resaltan que fue gracias a “un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR”.
En el párrafo siguiente, informan que se estableció un incremento del 70% en las partidas, retroactivo al mes de marzo y que se asignó un aumento equivalente al mes de mayo. De esta manera, sostienen que la asignación mensual que en enero ascendía a casi $6 mil millones, ahora se incrementa a más de $14 mil millones.
También anunciaron que para los hospitales universitarios se abonará un total de más de $75 mil millones de aquí a diciembre, “con el objetivo de cubrir los gastos, garantizar el normal funcionamiento y atender al incremento de los costos en los insumos de salud”. Esto aplica para varios hospitales, tanto de la UBA como de otras universidades públicas.
“Los mencionados criterios y parámetros de actualización fueron establecidos en diálogo con el sistema universitario nacional, con el objetivo de consensuar una equitativa distribución de los fondos y acompañar la realidad presupuestaria de la Administración Pública Nacional”, manifestó el Gobierno.
Sin embargo, este anuncio que hizo el Gobierno no es compartido con el grueso de legisladores de la Unión Cívica Radical. “Ninguna de las dos cosas fue un acuerdo con nosotros”, le dijo un senador a Data Clave. Esa misma persona asegura que nadie del bloque tuvo una comunicación con el oficialismo por este tema.
A su vez, también hubo movimientos en la Cámara de Diputados.El radicalismo presiona a Martín Menem para que se convoque a una sesión especial para el próximo martes 21 de mayo, a las 14 horas, para que se traten varias iniciativas que garanticen la actualización de las partidas presupuestarias de todas las universidades del país.
“El reciente aumento de un 270 % sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno reconocer la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias”, argumentaron.
A su vez, el radicalismo exige que “el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas”.
Por otra parte, los docentes de las universidades convocaron a un paro nacional para los días 22 y 23 de mayo, algo que el Gobierno busca evitar a toda costa. Esto fue anunciado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y también por la Federación Nacional de Docentes.
"Pasó un mes de una movilización histórica y el gobierno juega al avestruz escondiendo la cabeza frente a la realidad", planteó Federico Montero, secretario de Organización de CONADU.
En medio de esta discusión y con la amenaza de un nuevo paro, en el Congreso se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para que haya una reducción en el costo de las tarifas para las universidades nacionales. El mismo fue presentado por María Fernanda Avila, de Unión por la Patria.
El artículo 1 de la normativa busca incluir "a las Universidades Nacionales dentro del régimen tarifario específico para las entidades de bien público con los alcances de la Ley 27.218 y los cuadros tarifarios aplicables".
"El Régimen Tarifario Específico que se establece en la presente ley supone el cobro de una tarifa, por parte de los prestadores de servicios públicos, que resulta del cuadro tarifario respectivo a la categoría “entidad de bien público” dispuesta por la ley 27.218", agrega el texto.