Julio César Castro comenzó su carrera como fiscal en 1995. Fue el encargado de representar a la sociedad en muchísimos juicios por homicidios, abusos sexuales, robos violentos que se cometieron en la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo también a cargo de la UFISEX, la unidad Fiscal de Delitos contra la integridad sexual de niñas y niños.

Esta mañana, el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal decidió su remoción del cargo por múltiples episodios de acoso sexual, laboral y maltratos durante toda su carrera judicial. Castro tiene además una condena de 2019: su por entonces pareja lo denunció por abuso sexual y por lesiones y un Tribunal Oral le fijó una pena de seis años y seis meses de prisión. No está detenido porque la Cámara de Casación todavía no revisó la sentencia.

La primera denuncia por acoso sexual se realizó hace más de seis años y fue hecha por una empleada que detalló la conducta que Castro había tenido con ella. En ese momento, el fiscal era uno de los tres que iba a integrar el equipo para el juicio por el femicidio de Ángeles Rawson. No estuvo más de dos audiencias allí y finalmente el alegato lo realizaron otros dos fiscales, que fueron los que llevaron adelante todo el debate.

A pesar de la denuncia, a la que luego se le sumaron varias más, Castro siguió con su trabajo como fiscal y hasta se presentó en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación para lograr un cargo como juez federal. En esa audiencia, se dirigió a una de sus denunciantes y dijo que “no había hecho nada”. Durante su paso por el Senado fue que se descubrieron sus intercambios públicos por Twitter con una adolescente, donde el fiscal le contestaba de manera sugerente ciertos mensajes que la chica publicaba.

A los intercambios tuiteros y a las denuncias por acoso sexual, laboral y maltratos se le sumaron después las acusaciones de violencia de género que le hizo su por entonces novia. Todo eso conformó la acusación que llegó a la instancia del jury, a pesar de que Castro intentó de varias formas y con recursos judiciales frenar el inicio. 

Los testimonios de las víctimas de los acosos, de los abusos y de los maltratos fueron contundentes y fundamentales para la remoción del cargo. Los acosos ocurrían generalmente cuando las víctimas estaban solas y cuando ellas le manifestaban su disconformidad o lo enfrentaban, comenzaban los maltratos. Durante el proceso que comenzó en marzo de este año quedó evidenciado el modus operandi que desplegaba generalmente en fiscalías donde llegaba como “subrogante”, es decir, que no tenían un fiscal titular y él se encargaba de suplir esa falencia.

Les preguntaban si eran solteras, las acorralaba en lugares cerrados, les señalaba si estaban más flacas o si habían hecho algún cambio en su forma de peinarse o vestirse. Las buscaba constantemente y les ofrecía llevarlas hasta su casa o invitarles un café. Cuando lo rechazaban, comenzaba el ninguneo, el vaciamiento de tareas, los malos tratos que terminaban en la orden de cambiarlas de lugar de trabajo. Los maltratos también abarcaron a empleados que por algún motivo no eran de su agrado.

“No se puede permitir que una persona abuse de su cargo para incurrir en conductas de abuso sexual en el Ministerio Público Fiscal. No se puede permitir que se incurra en abusos laborales, que se vacíe de trabajo a varias personas”, habían dicho los fiscales federales Federico Reynares Solari e Indiana Garzón, colegas de Castro que tuvieron a su cargo la acusación y que pidieron la remoción.

Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento siguieron su razonamiento. Ese Tribunal está compuesto por distintos representantes de organismos políticos y judiciales. Fue presidido por por Adriana Donato, en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal e integrado también por César Grau, por el Senado de la Nación; el fiscal general Juan Carlos Paulucci, por el Ministerio Público Fiscal; Francisco Panero, en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados; Laura Giosa, del Consejo Interuniversitario Nacional; Alejandra Obregón, también por el Ministerio Público Fiscal; y Héctor Recalde, representante del Poder Ejecutivo Nacional. 

En la resolución que se leyó esta mañana se habló del incumplimiento a sus funciones y de mal desempeño no solo en su cargo como fiscal sino también en sus vínculos personales. Consideraron probados todos los hechos y los calificaron como “de suma gravedad”. “Mostró un ensañamiento hacia las mujeres”, dijeron los integrantes del Tribunal, haciendo hincapié en que sus conductas afectaron a muchas víctimas y fueron desplegadas durante largos períodos de tiempo.

“No satisface los requisitos que la Constitución Nacional impone a todo fiscal y por eso corresponde su remoción por el intolerable incumplimiento de su deber de buena conducta”, resaltó el Tribunal de Enjuiciamiento. Junto con esta decisión, le enviaron a la Procuración General de la Nación una serie de sugerencias para que se implementen políticas de prevención de acosos sexuales y laborales.

“Soy inocente y le pido al Tribunal que me den la justicia que se me ha negado en estos años”, había dicho Castro cuando su defensa pidió que se descarte su remoción. Por unanimidad, los siete miembros del Tribunal de Enjuiciamiento decidieron que no debía ser más fiscal.