El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, afirmó que, si la política “no resuelve las cosas en un plazo razonable, lo debe hacer la Justicia”, al disertar sobre “Filosofía política y económica de la Constitución Nacional” en el marco de la reunión ordinaria del Rotary Club de Buenos Aires. Aunque no hizo una referencia explícita, la declaración del titular del máximo tribunal se interpretó como una alusión a las controversias planteadas en los tribunales en relación al DNU 70/2023, firmado en diciembre pasado por el presidente Javier Milei.

“Apostamos a que estas cuestiones se resuelvan en ámbitos parlamentarios”. “Hay que darle tiempo a la política”, dijo Rosatti aunque aclaró: "si los temas no se resuelven en un plazo razonable, lo hará la Justicia”, afirmó Rosatti en uno de los pasajes de su intervención, en el cual abordó la tendencia que existe a dirimir en los estrados judiciales las controversias originadas en el terreno de la política.

Según un comunicado, Rosatti destacó además que la Constitución argentina “es una de las cuatro más antiguas del mundo. Eso nos permite pensar en una continuidad, porque siempre volvemos a la Constitución, aun en los momentos en los que nos hemos alejado de ella”.

Para el ministro del máximo tribunal, la Carta Magna es un documento que antecedió a la “construcción definitiva de la nacionalidad”, y en el cual surgen “una serie de lineamientos fundamentales en materia política y económica”.

Para Rosatti, la noción de igualdad contenida en la Constitución, “no equivale a igualitarismo, sino a un trato equivalente hacia aquellos grupos de personas que están en la misma situación”. Y sobre el criterio de razonabilidad, sostuvo que “los medios deben ser adecuados para el fin que se quiere lograr”.

En ese sentido, puso como ejemplo el reciente fallo de la Corte en la causa Oliva, “donde, a partir de una indemnización en materia laboral, se llega a una conclusión, a un monto, que prácticamente hacía zozobrar la existencia misma de la empresa de la que el trabajador demandante era uno entre tantos”.

En cuanto al funcionamiento del Máximo Tribunal, opinó que la Corte “debería ser el tribunal de garantías constitucionales, reservándose para el análisis de las cuestiones realmente sustantivas”, aunque en nuestro país “desde hace años, y cada vez más, funciona como un tribunal de revisión”.

Recordó, además, que el texto constitucional consagra los pilares del capitalismo –propiedad privada, iniciativa particular y competencia– y concluyó que la consolidación de la seguridad jurídica “es una tarea que no solamente compete a los jueces, sino a todos”, con el respeto por la Constitución como pilar fundamental.