La creatividad para corromper en la política argentina no tiene límites. Funcionarios electos para defender los intereses del pueblo generan nuevos y originales mecanismos para defraudar al Estado y, en consecuencia, estafar a sus electores en momentos en los que el país está sumido en una fuerte crisis socioeconómica. Esta vez fue en Salta, con la particularidad de que la maniobra abarcaría a concejales todo el espectro político de la provincia: investigan los alcances de la jugada y ya hay fuertes repercusiones: funcionarios echados, impacto en ANSES e intervención de la justicia federal.

En las últimas horas, medios locales de Salta revelaron una lista de 50 concejales, un intendente y un diputado que fueron inscriptos como beneficiarios del IFE. Se comprobó que algunas de estas personas recibieron efectivamente el dinero en sus cuentas. ANSES tomó cartas en el asunto e inició un sumario interno en el área de Legales para investigar, caso por caso, qué fue lo que ocurrió. La principal sospecha, según pudo averiguar Data Clave, es que hubo una falsificación de los datos para acceder al beneficio. “Si los requisitos para acceder fueron falseados, hay fraude en la declaración jurada”, cuentan fuentes del organismo. En tanto, algunos de los acusados ya reconocieron haber recibido el ingreso.

En la causa intervino una fiscalía del Delito Económico de Salta y a las pocas horas, intervino de oficio un Juzgado Federal en la provincia dada la proveniencia de los fondos. En casos puntuales, los pedidos fueron desestimados. Lo concreto es que ya se investiga la dimensión de la defraudación. Al respecto, este medio accedió al testimonio de Juan Emilio Ameri, diputado del Partido de la Victoria de Salta y diputado nacional por el Frente de Todos. El legislador informó que ya se tomaron medidas sobre tres concejales que accedieron al beneficio: “Hemos decidido expulsar del partido a las personas que intentaron defraudar al Estado. No vamos a aceptar este tipo de conductas”, manifestó. Además, calificó de “lamentable, vergonzosa y obscena” la forma en la que operaron y puso el foco en los otros frentes involucrados: “Veremos cómo reaccionan los demás ante la situación”.

Desde ANSES confirman que “existe la hipótesis de que haya falsedad volcada en la inscripción”. La primera hipótesis y más verosímil dentro del organismo es la falsificación de datos. En el caso de que lo amerite, según informaron, “la ANSES podría presentarse como querellante”. También comunicaron que en los casos de aprobación por parte del sistema, pudo haberse dado en aquellos sueldos que perciben concejales no registrados y que estarían fuera de los radares de los órganos estatales de control.

En Salta, hay 322.416 beneficiarios del Ingreso de Emergencia de $10 mil y el tercer pago comenzará el 10 agosto. El escándalo del IFE en la Provincia ya tiene correlato a nivel nacional.