La Cámara de Diputados conformó la comisión de Juicio Político que tiene entre sus funciones “investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político”. Es una instancia clave para la posible destitución de funcionarios nacionales por eso suele quedar en manos del oficialismo.

En este caso, la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard (Entre Ríos), será la encargada de conducir el cuerpo. Se trata de una dirigente política del peronismo entrerriano cercana al gobernador Gustavo Bordet y del círculo de legisladores “albertistas”. La propuesta de su nombre para ocupar ese lugar la hizo la bonaerense Victoria Tolosa Paz. Tal es la sintonía con el gobierno nacional que la reunión para la designación de autoridades comenzó con demora porque Gaillard estaba en Casa Rosada junto con el presidente durante la promulgación de la ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial. 

Actualmente la comisión tiene proyectos de resolución que piden abrir una investigación de juicio político sólo a cuatro funcionarios, uno es el miembro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y los otros son miembros del gabinete nacional: Santiago Cafiero, Elizabeth Gomez Alcorta y Eduardo “Wado” De Pedro. Sin embargo, el titular de la bancada radical, Mario Negri, adelantó que volverá a presentar un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández por la causa del Olivos Gate.

Negri quedó como uno de los secretarios de la comisión y apenas concluido el encuentro dejó una advertencia al oficialismo: “Voy a pedir que la comisión de Juicio Político ponga en tratamiento el juicio político que presenté contra el Presidente de la Nación por el Olivos Gate. Se necesita una mayoría agravada, es decir que es muy difícil que avance. Pero creo que en este contexto es necesario que la oposición muestre la voluntad de ratificarlo”.

“No me arrepiento de haberlo presentado”, recordó Negri y sostuvo que la decisión judicial que dejó al borde del cierre la causa benefició al Presidente y agravó la situación política: “con la aceptación de parte del fiscal y del juez de darle la oportunidad de redimir con una multa lo que fue un delito doloso, no culposo, queda en evidencia que hay un privilegio por parte del Ejecutivo”.

La comisión tiene muy poco funcionamiento. Los oficialismos se encargan de que no puedan avanzar los cuestionamientos a los funcionarios y en caso de que la oposición presione, la mayoría agravada que se requiere para imponer un dictamen es improbable. La última vez que un funcionario nacional tuvo que enfrentar un pedido de juicio político con tratamiento fue Amado Boudou, en ese momento, la oposición no obtuvo las firmas necesarias y el Frente para la Victoria impugnó los cuestionamientos.