Culminó el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí. Tras escuchar los alegatos, la jueza del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, concluyó que existió responsabilidad del Estado nacional en los "delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.

Niremperger ordenó una serie de medidas reparatorias entre las que destacan continuar con el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense en la zona para delimitar ubicación de fosas comunes y la construcción de un sitio de memoria.

También se requirió al Ministerio de Educación de la Nación que incluya dentro de los diseños curriculares a nivel nacional en los niveles Primario, Secundario, Terciario y Universitario el estudio de los hechos probados en la sentencia; mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la provincia del Chaco deberán incorporar a la instrucción y capacitación de las fuerzas un módulo sobre respeto a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

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De acuerdo a los registros históricos, unos 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpí por orden del gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, frente al reclamo de integrantes de pueblos originarios y criollos que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón o salir a trabajar del territorio chaqueño hacia los ingenios de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga.

Durante 45 minutos la policía descargó más de 5.000 balas sobre la población. Alrededor de 423 personas fallecieron y la gran mayoría de las víctimas pertenecían a comunidades originarias. Unos 38 niños lograron escapar de la matanza, pero muchos de ellos fueron entregados como sirvientes, mientras que el resto murió en el camino. Tan solo quince adultos lograron sobrevivir.

La jueza federal leyó este jueves la parte dispositiva de la sentencia. Los fundamentos se darán a conocer en las próximas semanas. 

Tuvo por acreditado que en el hecho perdieron la vida cerca de 400 a 500 personas pertenecientes a las comunidades originarias, quienes fueron enterrados en fosas comunes. Asimismo, los sobrevivientes que pudieron escapar "debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados y asesinados".

"La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación", concluyó la magistrada.