Legisladores opositores y oficialistas pagaron el Aporte Solidario por igual. No se registran presentaciones judiciales de parte de ningún miembro del parlamento y solo un senador que debía pagarlo según los cálculos previos asegura que finalmente no fue alcanzado.

A principios de febrero el oficialismo finalmente reglamentó el Aporte Solidario para morigerar los efectos de la pandemia que tanta discusión llevó en el Congreso con un corte mínimo de $200 millones  de patrimonio para comenzar a pagar. El ente recaudador definió y amplió la fecha límite para presentación de Declaración Jurada hasta el 30 de marzo del 2021, inclusive.

Según pudo averiguar caso por caso Data Clave, los legisladores que tuvieron su voto en la discusión parlamentaria y quedaron incluidos en el gravamen especial, todos realizaron su pago correspondiente. Tanto oficialistas como los principales desertores de la medida, eligieron acogerse al criterio de AFIP y evitar la judicialización. 

Sin embargo, en la nómina que se proyectaba antes de su votación estaban cinco senadores y tres diputados. Uno de ellos dice no haber sido alcanzado por el corte final establecido por la reglamentación de la ley.

Senado

El que más tuvo que abonar fue el senador oficialista (actualmente de licencia), José Alperovich, que en 2019 declaró una situación patrimonial con más de $1.000 millones. Al tucumano le corresponde pagar un monto superior a los $35 millones. Sus asesores precisaron a Data Clave que el senador ya abonó su parte y que se los hizo saber.

También desde el Senado, el misionero y ex gobernador Maurice Closs es el segundo en cantidad de bienes personales. Según su propia declaración, posee una suma superior a los $700 millones por los que deberá pagar más de $18 millones. El entorno del senador afirmó que ya lo hizo, sin plan de cuotas. 

Maurice Closs

En tercer y cuarto lugar en la Cámara alta aparecen dos opositores. El radical Eduardo Costa y el peronista Roberto Basualdo, ambos en Juntos por el Cambio. A pesar de haber estado en contra de la iniciativa, se adhirieron al pago según fuentes parlamentarias. Costa con un patrimonio de $600 millones tuvo que pagar $15 millones y Basualdo con más de $400 millones casi $9 millones.

El quinto senador

Según los cálculos previos a la sanción del proyecto, el quinto senador al que alcanzaría el Aporte Solidario era el salteño Juan Carlos Romero. El peronista federal tiene en su declaración de 2019 un patrimonio que apenas supera los $200 millones por lo que está alcanzado.

Juan Carlos Romero

La sanción del proyecto que se estiró hasta finales de 2020 y la prórroga para la presentación de declaraciones juradas que establece AFIP en la reglamentación hicieron, según el entorno del salteño, que no fuera alcanzado por el aporte especial.

"Las hipótesis sobre su posible inclusión en el impuesto solidario realizadas sobre su DDJJ de 2019 tienen asidero pero el proyecto final reglamentado incluyó modificaciones haciendo que el actual senador no estuviera entre los que deberían pagar", aseguraron desde su entorno aseguraron a Data Clave. Sin embargo, no aclaran cuáles serían los cambios que dejaron a Romero excluido del pago. Los asesores del senador se limitan a difundir como prueba que no exista reclamo judicial ni amparo como en otros casos de personas físicas que se niegan a pagar el impuesto creado por el Congreso a fin del 2020. 

Diputados

En Diputados, el que más debe abonar es un opositor, el radical por Entre Ríos Atilio Benedetti con una fortuna superior a los $300 millones. Hombre de campo, Benedetti confirmó a Data Clave que accedió a los planes de facilidad de pago que publicó AFIP. "Le estamos haciendo frente como corresponde", dijo. Según los datos de su última declaración publica debería pagar un monto superior a los $6 millones.

Atilio Benedetti

Desde el oficialismo, el diputado y presidente del bloque Frente de Todos, Maxímo Kircher difundió también su adhesión al tributo por única vez mediante el plan de pagos que propuso la AFIP. El legislador por Buenos Aires tiene un patrimonio de más de $300 millones y le corresponde una suma final de algo menos de $6 millones.

Por su parte, el diputado en licencia, José Ignacio de Mendiguren completa la nómina de oficialistas. A pesar de haber estado en contra de la medida durante el debate desde su rol de presidente del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), aseguró a Data Clave que había pagado.

Con distintas razones y motivos, con plan de cuotas y al contado, los responsables de la sanción completaron su obligación de pago