Este martes la Corte Suprema falló a favor de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y habilitó al jefe de Gobierno porteño a mantener la presencialidad en las clases, pese a lo decretado por el presidente Alberto Fernández. 

Esa discusión se trasladó al encuentro que por la noche mantuvieron los ministros de Educación de todo el país en el marco del Consejo Federal Educativo que encabeza el ministro nacional Nicolás Trotta. En ese cónclave virtual, 22 provincias acompañaron la postura del Gobierno Nacional de suspender las clases en aquellos distritos que se ubiquen en la categoría de “alarma epidemiológica” dispuesta por el DNU vigente. 

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Tweet de Nicolás Trotta

Esa postura, ratificada en una resolución, fue rechazada por la Ciudad y también por Mendoza. Ambos distritos son gobernados por mandatarios de Juntos por el Cambio, ambos están en alarma epidemiológica (en el caso mendocino impacta en ocho departamentos), y ambos desoyeron lo dispuesto por el DNU. No obstante, fue acompañada por Jujuy y Corrientes, administradas por gobernadores radicales.

“El valor del Gobierno es haber hecho esto sin judicializarlo. La Corte respalda la forma en la que se ha gestionado la pandemia en Mendoza”, declaró ayer Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno de Mendoza. En declaraciones al diario local Los Andes, el funcionario del radical Rodolfo Suárez agregó: "Mendoza durante un año y medio, sin necesidad de judicialización, cumplió con la Constitución Nacional en materia de atribuciones sanitarias”. 

La Ciudad de Buenos Aires, al momento, optó por el silencio, pero mantiene su postura respecto a mantener la presencialidad educativa (que ahora es bimodal en el caso del nivel secundario), que fue ratificada por Soledad Acuña en el Consejo Educativo.

Aún sin departamentos en “alarma epidemiológica”, lo aprobado ayer por los ministros educativos de Gerardo Moráles (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) fue un guiño al presidente Alberto Fernández en medio del conflicto entre Nación y Larreta.

Distinta es la posición adoptada en Santa Fe, que cuenta con los departamentos de Rosario y San Lorenzo dentro de la categoría que dispone la suspensión de las clases y que también aprobó la resolución tratada ayer por la noche. El gobernador Omar Perotti (PJ) y el intendente rosarino Pablo Javkin acordaron mantener la suspensión por siete días, pero negocian con el Gobierno que se revise la clasificación. 

“Rever un indicador no quiere decir que eso nos cambie sanitariamente de la noche a la mañana, o ya podamos relajar. Al contrario, (será) cambiar un indicador para poder seguir tomando medidas en conjunto”, insistió ayer el gobernador peronista. 

Provincia de Buenos Aires

El respaldo al fallo de la Corte Suprema fue replicado por los intendentes de Juntos por el Cambio del Gran Buenos Aires. En algunos casos, se insistió también para que el gobernador Axel Kicillof habilite el retorno a la presencialidad. 

“Sostenemos el reclamo para que los chicos vuelvan a la escuela. Insistir en una decisión que no resuelve el problema es una incoherencia que salta a la vista”, dijo el intendente de Vicente López, Jorge Macri, el más enfático en este reclamo. Además, adelantó que irá nuevamente a la Justicia (pese a un paso ya frustrado):  “No vamos a abandonar el pedido por las clases presenciales. Por eso insistimos con una nueva presentación judicial, y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que las aulas no sigan vacías”.

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Tweet de Jorge Macri

En Lanús, municipio que gobierna el macrista Néstor Grindetti, no irán a la Justicia, y reconocen que es una situación distinta a la de Vicente López porque todas las escuelas del municipio del sur del Conurbano son de administración provincial. “Es el fallo más elocuente que evidencia un error que está cometiendo el Gobierno”, señalaron a Data Clave en entorno de Grindetti, y ratificaron que su postura es “pedir la presencialidad, con o sin fallo de la Corte, sostenemos que las clases no agregan ningún tiempo de riesgo ni contagio”

El intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, hizo primero una mención a lo resuelto por el Máximo Tribunal, al señalar que "si un fallo de la corte suprema de justicia es interpretado como un golpe de estado, se atenta contra la división de poderes y la Constitución Nacional”, y luego pidió al gobernador Kicillof que revea su postura sobre las clases: "Ojalá esta situación haga reflexionar a Kicillof y podamos volver pronto a la educación presencial. Seguiremos acompañando a la comunidad y a los padres organizados que reclaman que los chicos estén en las aulas, con todos los cuidados y protocolos correspondientes".

En la misma línea declaró el platense Julio Garro: “La Justicia no puede ser independiente o golpista según cómo nos caiga un fallo. Hay que respetar las decisiones del Máximo Tribunal, sin adjetivaciones. El respeto por la división de poderes debe ser un valor central para cualquier ciudadano y para nuestra democracia”.