Los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos rechazaron los planteos que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por espionaje ilegal, donde es querellante. Con esta decisión, quedan firme la falta de mérito de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por un lado y los procesamientos de diez espías por el otro.

Ese fallo, dictado en diciembre de 2021 por la mayoría de la Cámara Federal, había convalidado la teoría del cuentapropismo, algo que el macrismo sostuvo desde el inicio de la investigación, a mediados de 2020. 

“Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”, consideraron Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Eduardo Farah había votado en disidencia, más en línea con lo planteado por quienes encabezaron al comienzo la investigación: el juez Juan Pablo Auge y la fiscal Cecilia Incardona, de la jurisdicción de Lomas de Zamora.

Contra esa decisión es que Cristina presentó su recurso de queja, debido a que la Cámara le negó la posibilidad de un recurso de casación “habitual”. Allí cuestionó los argumentos esgrimidos por los camaristas.

“El recurrente no alcanzó a demostrar e agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada”, dijeron los jueces Borinsky, Hornos y Carbajo. Específicamente, sostuvieron que los recursos (no solo de Cristina sino también de otros querellantes)  no debían ser siquiera analizados.

La decisión de Casación deja a la investigación con serias chances de ser profundizada. Ahora el expediente está a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. En la causa principal existían varios tramos, uno de ellos el penitenciario, que ahora quedó sin involucrados claros.