“No hay plata”, dijo, de manera tajante, Javier Milei el 10 de diciembre, cuando asumió la presidencia y encaró un programa económico no solo para terminar con 12 años de estancamiento, sino que para revertir lo que él, y varios de sus seguidores, consideran un siglo de decadencia argentina.

Si Winston Churchill les prometió a los británicos “sangre, sudor y lágrimas”, en su lucha para vencer a Adolf Hitler, el líder libertario recurrió genéricamente a La Biblia y llamó a todos cruzar el desierto para llegar a “La tierra prometida”.

Ese día colocó “en el ayer” a la decadencia argentina, que él la ubica, sin mucha precisión, en la década del 30’, cuando los conservadores crearon el Banco Central, pero especialmente, en los últimos 20 años.

Para ellos se sirvió de números demoledores. No solo el aumento de la inflación durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner hasta alcanzar al 180% sino también al incremento de la deuda, que cerró en noviembre alcanzando la cifra récord de US$ 422.825 millones, esto sin contar los US$ 16.000 millones pendientes por el juicio de YPF, las obligaciones del Banco Central, la deuda comercial, junto con la caída de casi el 2% del PBI, y por ende, el ascenso exponencial de la pobreza.

Además, “repartió culpas” tanto al kirchnerismo, la CGT y los movimientos sociales, como al radicalismo.

A los primeros, le espetó el caso del Chaco, donde la entrega de planes sociales sin control derivó en la trata de personas. Es decir, los atacó diciendo que eran ellos los que explotaban a los pobres.

El radicalismo, su “falta de republicanismo” por el silencio cómplice ante la detención de dos personas, y el pedido de captura de una tercera, por haber insinuado en un chat privado que al gobernador Gerardo Morales, le habían sido infiel.

En medio de ese panorama, lanzó un ajuste “clásico” que Carlos Melconián, gran creador de títulos, llamó “plan licuadora” que consistió, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, de los ingresos de los trabajadores del Estado, la reducción en 80% la obra pública, y postergar pagos a las empresas generadoras de electricidad, todo esto junto con un aumento de los impuestos.

Además cortó gastos superfluos “de la casta política” (choferes, viajes en avión, teléfonos celulares, cantidad de secretarías) comenzó con reformas en el Estado (Inadi, Telam, Aerolíneas Argentinas), reducir planes sociales “truchos” e ir terminando con un centenar de regulaciones de la economía.

En ese diciembre aumentó 180% el precio del dólar oficial y si bien eso se tradujo en un aumento de la inflación, también en un crecimiento de las reservas del Banco Central de casi US$ 9.000 millones.

Un ajuste clásico que le permitió, postergando pagos mediante, lograr dos meses de superávit fiscal, refinanciar gran parte de la deuda, e ir reduciendo la inflación del 25% en diciembre, al 20% en enero, y 13% en febrero.

Sin embargo, para adelante, las dudas crecen. Gran parte de esa desaceleración en los precios se debe a terminar con las herramientas que el “plan platita”, que lanzó el entonces ministro de Economía, Sergio Massa a finales del año pasado para ganar las elecciones.

En marzo, la inflación puede rondar entre el 13 y 14%, deteniendo así la marcha descendente. Por eso el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió facilitar la importación de alimentos y medicinas para bajar los precios de esos bienes de primera necesidad que subieron de manera exponencial.

Además, postergó los aumentos de electricidad y agua, para más adelante, esperando no afectar el índice.

Junto a las condiciones estructurales, el Congreso, ese “nido de ratas” como lo llamó Milei, le rechazó en el Senado el DNU 70/20, y en la Cámara de Diputados la “Ley Ómnibus”, esta última, por no ponerse de acuerdo con la UCR y el PRO que apoyaban muchas de esas medidas, pero con algunas modificaciones.

Milei planteó “El Pacto del 25 de Mayo”, pero condicionado a la aprobación en poco más de 60 días de un nuevo pacto fiscal y la “Ley de Bases”.

El desafío ahora es ver cuánto de estos cambios que propone el PRO, la UCR y el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto, son aprobados, y cuanto de esos 10 puntos propuestos en “El Pacto”, algunos con demasiada ambigüedad, como el superávit fiscal eterno, pueden ser tratados por el Congreso.

Esta semana, esa falta de acuerdos llevó al gobierno a postergar nuevamente el llamado a licitación para el manejo  por parte de privados de las represas hidroeléctricas, porque “con un DNU nadie pone un peso”, como dice Pichetto.

Sin inversiones, el ajuste por el ajuste mismo solo le alcanzará para administrar de manera eficiente y prolija (al contrario del kirchnerismo) una pobreza creciente.

No por nada la vice directora del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath pidió “mayores acuerdos” políticos, que respalden el plan de ajuste, desregulación de la economía, y aliento a las inversiones privadas, y también “no desatender” las necesidades de los sectores más carenciados.