En la tarde del viernes y mediante un escueto comunicado, el directorio del grupo agroindustrial Vicentin SAIC informó sobre la renuncia de totalidad de los miembros directivos. La medida estaba pactada de antemano con el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo el concurso de acreedores

En la nota, la conducción de la firma anunció que “cumpliendo con el compromiso asumido con el juez concursal, en presencia de las autoridades provinciales, el directorio actual ha presentado su renuncia que será tratada por la asamblea de accionistas convocada para el próximo 15 de octubre de 2020”.

Desde la empresa aseguran que el objetivo de este cambio es recuperar la confianza del mercado y entre los nombres que aparecen como posibles reemplazos figuran algunos integrantes de la familia fundadora de la empresa. La elección del nuevo Directorio se realizará durante una Asamblea en la segunda semana de octubre

Además, se realizará, de manera virtual, la demorada presentación del balance del 2019. La justicia solicitó que se entregue el estado financiero y patrimonial de Vicentín para determinar cómo la empresa pasó de una situación de expansión y crecimiento a la cesación de pago en pocos meses.

El diputado de Santa Fe Carlos Delfrade integra la comisión de seguimiento del caso Vicentín en la legislatura provincial. En diálogo con Data Clave aseguró que  el balance que presentará en el amanecer de la primavera 2020 se parecerá más a una ficción que a una realidad. El problema, una vez más, está en la realidad existencial de miles de familias trabajadoras como también de productores estafados"

Hace tres meses, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención y el envío de un proyecto de Ley al Congreso Nacional para expropiar la empresa. Tras un fuerte rechazo de parte de la sociedad que desencadenó marchas y protestas en todo el país, se dio marcha atrás con la decisión.

Tampoco se pudo avanzar con la propuesta alternativa del gobierno de Omar Perotti, Gobernador de Santa Fe. Buscaba conformar un triunvirato con los interventores designados por el Gobierno nacional más uno provincial.