La pandemia afecta a los bolsillos, y uno de los principales sectores afectados es el de los inquilinos, a los que les cuesta afrontar su deber mensual para mantener el techo. A diez días de entrada en vigencia la Ley de Alquileres, uno de cada cuatro porteños no pudo pagar el alquiler del mes o pudo hacerlo en forma parcial.

Así lo revela una encuesta organizada por Inquilinos Agrupados, que detalla que -dentro de ese 25% que no pudo pagar el alquiler- el 55% debe un mes, el 20% debe dos meses y el 25% debe tres o incluso más meses. Y esta imposibilidad de afrontar la renta mensual al 28% de los consultados le generó hostigamientos de parte de las inmobiliarias o del dueño e incluso amenaza de desalojos, algo que está expresamente prohibido hasta el 30 de septiembre según el decreto 320/20 publicado el pasado 29 de marzo.

Gervasio Muñoz, titular de la ONG Inquilinos Agrupados, tiene una mirada crítica respecto de la situación socioeconómica en contexto de pandemia y su vínculo con aquellas personas que no tienen techo propio y están obligados a alquilar: “El mercado inmobiliario está llevando adelante estrategias para no cumplir la ley ni el decreto que suspende desalojos y congela el precio de los alquileres. Además, se ve un proceso de endeudamiento muy fuerte en el sector”.

El relevamiento fue realizado entre 1.500 inquilinos, que brindaron sus datos y compartieron sus realidades. La mitad percibió este mes el mismo ingreso que el mes pasado, el 46% ganó menos dinero y apenas el 4% pudo cobrar algo más en comparación a junio. En este complicado universo económico, apenas el 10% cobró el IFE y el 2% pudo sacar un préstamo a tasa cero, pero el 73% no accedió a ninguno de los programas de emergencia del Estado. La composición de los entrevistados es variada: el 64% trabaja en relación de dependencia o tiene empleo formal; el 9% tiene trabajo informal; el 20% es monotributista o autónomo; el 6% está desempleado y el 1% pertenece al sector de la economía popular.

El decreto 320 prohibió los desalojos y también los aumentos en la mensualidad, pero la mitad de los inquilinos no pudo hacer cumplir la norma a los propietarios o a las inmobiliarias. Según un relevamiento de Zonaprop los alquileres aumentaron 3,8% sólo durante junio, y llevan un incremento anual acumulado cercano al 20% (19,8%). También está prohibido el cobro de punitorios o intereses por mora y se estableció que los inquilinos deberán pagar por CBU. A pesar de la obligatoriedad de bancarizar los pagos, el 29% no pudo efectuarlo de este modo.

El 32% de los inquilinos perjudicados por incumplimientos recurrió a Organizaciones de Inquilinos; el 9% presentó su problema ante organismos del Estado, el 3% a organismos judiciales y el 14% canalizó los reclamos a través de otra instancia. Menos de la mitad (el 42%) obtuvo respuesta.

Por ese motivo, Muñoz reclama: “Es fundamental extender el decreto 320/20 hasta marzo del 2021 para evitar aumentos y desalojos que lleven a una crisis habitacional aún más grave”.