Para entender la dinámica que tendrán esta semana las audiencias públicas para determinar los aumentos en las tarifas de luz, y gas, especialmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, habrá que remontarse un año atrás, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, pidió la renuncia del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y hasta el día de hoy, no lo logró.

En aquella oportunidad, la discusión era entre el ministro que busca un aumento de las tarifas de luz de 15%, y el subsecretario que ponía un “techo” de 9%, la cual iba a producirse en junio, antes de las PASO de septiembre.

Guzmán preveía que si no se aumentaban “por lo menos” 15% las tarifas, el desborde fiscal se iba a transformar en más inflación, pero desde el kirchnerismo apuntaban a que “no era conveniente” un “gran aumento” antes de los comicios, y esta segunda postura, fue la que se impuso.

El oficialismo perdió las elecciones legislativas en noviembre, la inflación, que Guzmán había estimado en un 28% terminó en el 50,9%, y el déficit fiscal trepó al 3% del PBI, la mitad de ello, explicado por los subsidios a las tarifas al gas, la electricidad, y el transporte, que se da en Capital y el Gran Buenos Aires.

Guzmán y Basualdo, una eterna pelea por la política energética
Guzmán y Basualdo, una eterna pelea por la política energética

Ya en marzo, y con los vencimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) apretando las escuálidas reservas del Banco Central, el Gobierno aceptó refinanciar la deuda y entre las condiciones, aumentar las tarifas para reducir el déficit a 2,5% puntos del PBI.

Por eso, habrá tres audiencias -los días 10, 11 y 12 de mayo- para determinar los aumentos de luz, gas y una segmentación de subsidios, que prevé que el 10% de los usuarios de más poder adquisitivos pasen a pagar la tarifa plena.

Quedarán sin subsidios usuarios con ingresos de más de 3,5 canastas básicas totales (unos $314.000 con los datos de marzo), que tengan tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o propietarios embarcaciones o aeronaves.

Para el resto de los usuarios, se prevén aumentos promedio del 17% para la electricidad y del 21,5% en el caso del gas a partir de junio.

Si se toma en cuenta que ya hubo aumentos en los dos servicios en marzo, se llega a un promedio de incremento en el año de 42,7%, en línea con lo acordado con el FMI, y de hasta el 200% para quienes no tendrán subsidios.

Nada es suficiente

Sin embargo, el acuerdo con el FMI se firmó días antes de que la invasión de Rusia a Ucrania hiciera saltar por los aires los precios de la energía, en especial, del gas, que Argentina debe importar para hacer funcionar las empresas y las sus usinas eléctricas.

Por eso, desde un sector del kirchnerismo, el mismo que rechazo el acuerdo con el FMI apuntan a que es estéril este aumento, porque la importación de gas que realice el Gobierno con estos precios en alza impedirán la rebaja del déficit.

Incluso, el propio Basualdo emitió un informe en el que dio cuenta que el acuerdo con el FMI, “es incompatible e inconsistente con las propuestas de quita de subsidios al sector energético”. El informe apunta a una “ausencia de planificación para el sector” que no permite morigerar el impacto de la suba de precios.

Para este año, por ejemplo, se estimó un incremento de los costos de generación del 38%. “Dicho aumento es explicado principalmente por el rubro combustibles, el cual podría llegar a aumentar más de 79% como consecuencia de la variación de los precios internacionales”, destacaron.

Una de los aspectos criticados por un sector del Gobierno es que los aumentos proyectados en las facturas eléctricas “redundarán en un menor poder adquisitivo del salario”, y además “el mecanismo de ajuste propuesto ejercerá una considerable presión sobre el resto de los precios de la economía”.

A pesar de esas críticas, Guzmán siguió adelante, logró que las audiencias, que no son vinculantes, se vuelvan a hacer de manera virtual, sin la necesidad e exposición de ningún funcionario de primera línea, y con los niveles de aumento ahora aceptados.

Además, mientras se realizan las audiencias, Guzmán seguirá con su plan de crear un proyecto de ley que brinde un marco especial para las inversiones extranjeras para explorar y exportar gas de Vaca Muerta, que contemple, entre otras cosas, una morigeración del cepo cambiario.