Una jueza argentina le entregó al Papa un polémico informe donde propone que la maternidad subrogada sea delito
El trabajo sostiene que la práctica debería ser considerada como "trata con fines de explotación reproductiva y tráfico de menores”. Una de las firmantes del informe, militante en contra de las mujeres y hombres trans.
La jueza Susana Medina es presidenta de AMJA, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Fue también presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y es una de las figuras relevantes del sistema judicial a nivel nacional.
Con esa presentación llegó al Vaticano donde le entregó al Papa Francisco un informe que en Tribunales catalogaron como polémico por su propuesta: considerar a la subrogación materna como delito. Específicamente, lo señaló como “trata con fines de explotación reproductiva y tráfico de menores”.
En el informe, confeccionado también por María José Binetti y María Sofía Sagues, se propone que "se prohíba la inscripción de los nacidos por esta práctica a nombre de los comitentes, se declare nulos los contratos que se firmen en el extranjero, se prohíba la publicidad de este método, y se persiga y sancione a todos los intermediarios".
Polémicas anteriores
Binetti es doctora en filosofía de la UCA y una militante en contra de las mujeres y hombres trans. Tal como reveló Data Clave en abril de 2022, fue una de las personas que realizó una presentación en el fuero contencioso administrativo federal contra parte del cuestionario que integra el Censo Nacional. Específicamente, se quejaba de la pregunta 3, donde se pide una respuesta sobre la identidad de género y se da la opción de tildar mujer trans/travesti, varón trans y otras opciones.
“Quienes aquí nos presentamos en tanto mujeres (hembras de la especie humana, seres humanos y personas adultas del sexo femenino) formamos parte de más del 50% de la población argentina y también del mundo. En ese sentido nos encontramos habilitadas para reclamar tutela efectiva para evitar la disolución de la categoría mujer que se va consumando silenciosamente a través del dictado de normas que aparentan ser secundarias pero que todas juntas y simultáneamente conduce a ese resultado: la anulación jurídica de la categoría mujer”, decía la presentación que firmó Binetti y que no prosperó.
Allí, incluso, compararon la situación con un femicidio. “Los daños que nos irrogaría en tanto violencia simbólica e institucional, la realización del Censo así como está planteado han quedado plenamente graficados. Es así: no hay (en lo inmediato) una merma económica, no encontrará vuestra señoría una herida en nuestras frentes, ni un ojo amoratado, ni un cadáver en una zanja, pero advertirá que se trata de un avasallamiento inadmisible que se consumaría sin más y en forma silenciosa a nuestros derechos como mujeres”, argumentan este grupo de mujeres.
Los detalles de la presentación
En el informe que ya está en el Vaticano, se hace un análisis primero de la situación en América Latina, al que señalan como “el continente más desigual del mundo, también el más violento y peligroso para las mujeres y las niñas”. “La industria reproductiva es uno de estos mercados. La guerra en Ucrania y las mayores restricciones de Asia –India, Tailandia y Nepal– en materia de subrogación dispararon aún más el interés en América Latina como proveedora de recursos reproductivos y mano de obra barata”, se sostiene.
"Valga mencionar que mientras que en Estados Unidos subrogar cuesta entre 110.000 y 160.000 dólares y en Ucrania unos 50.000 dólares, en América Latina es posible hacerlo por 10.000 dólares en Argentina o por unos 6000 en Colombia”, se detalla.
Luego, hacen un análisis de los alcances de los derechos reproductivos y marcan que eso no implica “un cheque en blanco para todo tipo de prácticas y acuerdos, ya que sobre ellos actúa el coto de la dignidad humana como límite infranqueable, y faro de orientación”.
“El contrato de gestación subrogada, en el que se procura someter a una transacción comercial a una persona por nacer, así como restringir de manera absurda y desnaturalizadora los derechos de la mujer embarazada”, resaltaron.
"En consecuencia, los contratos de gestación subrogada entran en categoría exclusiva y restrictiva de nuestro orden jurídico de ‘delitos constitucionales’. Es sabido que el recurso a este tipo de figuras, es decir, a la tipificación misma de un delito por el texto constitucional, solo se reserva a conductas consideradas aberrantes, absolutamente incontestables con los valores y principios fundantes de nuestra sociedad, categoría comprensiva de un conjunto sumamente excepcional y específico de supuestos (compra venta de personas, sedición, traición a la patria, concesión de facultades extraordinarias o suma del poder público, atentado contra el orden constitucional y el sistema democrático), que socavan las bases de nuestra sociedad", concluyeron.